La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre la adquisición de nueve camionetas blindadas Jeep Grand Cherokee por parte de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una compra que ha generado cuestionamientos públicos por su alto costo y por la falta de información detallada sobre las razones de seguridad que la motivaron, sobre todo porque los altos gastos de la Corte anterior fueron el pretexto para justificar los cambios a la nueva Corte afín al gobierno federal. Desde Palacio Nacional, la mandataria subrayó que corresponde exclusivamente al Poder Judicial informar con claridad y de cara a la ciudadanía sobre esta operación, su justificación y los criterios utilizados para autorizarla.
Sheinbaum señaló que, dado que se trata de recursos públicos, la Corte debe explicar si la adquisición responde a alguna situación de riesgo o amenaza específica contra las ministras y ministros, y por qué dichas condiciones ameritarían vehículos de ese nivel. Recordó que el precio de las unidades, sin considerar el blindaje, oscila entre 1.1 y 1.8 millones de pesos, mientras que el reforzamiento balístico representa un costo adicional cercano a los dos millones de pesos por vehículo, lo que eleva el gasto total a más de tres millones de pesos por cada ministro beneficiado.
Un día antes de las declaraciones presidenciales, la propia Suprema Corte confirmó la compra de las camionetas, cada una con un precio aproximado de 1.5 millones de pesos antes del blindaje, y justificó la decisión bajo el argumento de que las unidades anteriores “ya no cumplían con los estándares de seguridad”. Sin embargo, el máximo tribunal no informó sobre amenazas concretas que justificaran el nivel de protección adquirido, ni explicó por qué el riesgo que enfrentarían sus integrantes sería distinto al del resto de los funcionarios públicos o de la población en general. Tampoco detalló cuántos vehículos fueron dados de baja, si habían agotado su vida útil o si existían dictámenes técnicos que respaldaran la necesidad de reemplazarlos en este momento.
De acuerdo con información publicada por el diario Reforma, al menos una de las camionetas fue registrada en el estado de Morelos, donde el costo del refrendo vehicular asciende a 849 pesos, un dato que añadió nuevos cuestionamientos sobre los procedimientos administrativos seguidos para el emplacamiento de las unidades.
En otro tema, la presidenta fue cuestionada sobre el desempeño del nuevo pleno de la Suprema Corte, particularmente por los al menos seis fallos recientes que han resultado favorables a reformas promovidas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y a cambios impulsados por Morena. Sheinbaum evitó emitir juicios o valoraciones sobre el sentido de esas resoluciones y reiteró que cualquier cuestionamiento debe dirigirse al propio Poder Judicial. Destacó que las sesiones del máximo tribunal son públicas, que las discusiones se transmiten abiertamente y que los argumentos de cada ministra y ministro están disponibles para el escrutinio ciudadano.
La mandataria contrastó el funcionamiento actual de la Corte con etapas anteriores, en las que, dijo, muchas decisiones se tomaban en privado y sin transparencia. Subrayó que la función central del tribunal constitucional es determinar la constitucionalidad de las leyes y actos que se someten a su análisis, y recordó que en el pasado también existieron periodos en los que la Corte votaba de manera sistemática en contra de las iniciativas del Ejecutivo federal.
Sin confrontar directamente al Poder Judicial, Sheinbaum insistió en la importancia de la rendición de cuentas y la transparencia como principios fundamentales en una democracia. En el caso de las camionetas blindadas, remarcó que la explicación no debe limitarse a generalidades, sino incluir información precisa sobre los riesgos evaluados, los criterios de seguridad aplicados y el destino final de los vehículos sustituidos. Mientras tanto, la compra permanece bajo el escrutinio público, en un contexto de creciente sensibilidad social frente al uso de recursos públicos y a los privilegios de las altas esferas del poder.
