La diputada local de Movimiento Ciudadano Luisa Ledesma Alpízar presentó el 4 de noviembre de 2026 una iniciativa de reforma al Código Penal y a la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México para endurecer las sanciones contra el maltrato animal e implementar restricciones de convivencia con seres sintientes. La propuesta responde directamente a los hechos ocurridos a finales de octubre en el Parque España, en la colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, donde cuatro perros murieron tras ingerir cebos envenenados y se localizaron 14 alimentos adulterados con metomilo, un insecticida altamente tóxico.
Entre el 27 y el 30 de octubre de 2026, vecinos y autoridades detectaron trozos de carne, salchichas y embutidos con cápsulas azules distribuidos dentro del parque y en calles aledañas. Cuatro canes perdieron la vida y varios más requirieron atención veterinaria de urgencia. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó la presencia de metomilo en los cebos y en muestras de los animales fallecidos. Un hombre identificado como Salvador “N” fue detenido, vinculado a proceso y permanece en prisión preventiva. Según las investigaciones, el sospechoso habría actuado motivado por una mordida que un perro le habría propinado a su hijo días antes.
Ante este panorama, Ledesma Alpízar, vicecoordinadora de la bancada naranja, argumentó desde la tribuna del Congreso capitalino que las penas actuales resultan insuficientes para disuadir conductas de esta gravedad y para evitar la reincidencia. Su iniciativa plantea dos supuestos específicos en los que las penas de prisión y las multas podrían aumentarse hasta en dos terceras partes: cuando una persona coloque intencionalmente dos o más alimentos envenenados capaces de afectar a varios animales, y cuando se compruebe la comisión de agresiones intencionales en distintas ocasiones.
La legisladora subrayó que no basta con elevar las sanciones durante el proceso penal. “También debemos pensar en lo que sucede después de una condena, porque si una persona ya fue encontrada responsable de maltratar cruelmente a un animal, tenemos que evitar que vuelva a tener la oportunidad de hacerlo”, explicó. Por ello, la propuesta faculta a los jueces para imponer medidas cautelares y restricciones temporales una vez dictada la sentencia. Las personas condenadas no podrían adquirir animales, recibirlos en adopción, cuidarlos ni realizar actividades que impliquen contacto directo con ellos, incluida su alimentación. Estas restricciones serían de tres a cinco años cuando se causen lesiones, y de cinco a diez años cuando se provoque la muerte del animal.
Para hacer efectivas estas prohibiciones, Ledesma Alpízar propone que los refugios, asociaciones protectoras y establecimientos de venta o adopción consulten el registro de personas maltratadoras de animales ya contemplado en la legislación local antes de entregar cualquier ejemplar. De esta forma se busca cerrar la posibilidad de que un condenado vuelva a tener acceso a animales de compañía bajo su responsabilidad.
La diputada enfatizó el carácter de seres sintientes de los animales y rechazó cualquier visión que los reduzca a objetos. “Los animales no son objetos ni cosas que se puedan agredir o desechar, sino seres sintientes cuyas vidas importan, tanto si viven dentro de una casa como en la calle”, afirmó. Aunque reconoció que los cuatro perros envenenados en el Parque España no pueden regresar, sostuvo que sí es posible hacer justicia modificando las leyes para que los agresores enfrenten castigos más rigurosos y se reduzca el riesgo de nuevos episodios.
Hasta el momento, la iniciativa de Movimiento Ciudadano ha sido turnada a las comisiones correspondientes del Congreso de la Ciudad de México para su análisis y eventual dictamen. De ser aprobada, representaría uno de los endurecimientos más significativos de las sanciones por maltrato animal en la capital en los últimos años, al combinar el aumento de penas con medidas de prevención de reincidencia orientadas a proteger a los animales de compañía de quienes ya han demostrado capacidad de causarles daño grave o mortal.
El debate legislativo se produce en un contexto de creciente sensibilidad social hacia el bienestar animal y de reiterados llamados de organizaciones protectoras para que las autoridades no solo investiguen y sancionen los casos particulares, sino que fortalezcan el marco normativo de manera estructural. La muerte de cuatro perros en un espacio público de la Condesa ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de contar con herramientas legales más eficaces para proteger a los seres sintientes que comparten la ciudad con las personas.
