Opinión por: Enrique Andrade González
¡LA ELECCIÓN JUDICIAL VA!
Después de casi seis meses de una apresurada, cuestionada e innecesaria reforma constitucional, transitando una ruta llena de obstáculos políticos, jurídicos y judiciales, parece ser que finalmente la elección judicial en México tiene todo para que se realice el próximo primero de junio; hay personas candidatas, habrá boletas electorales y casillas instaladas para que los ciudadanos acudamos a votar.
A pesar de haber sufrido recortes, estar dividido, cuestionado y acusado, el INE está cumpliendo con la encomienda lo mejor que puede, se encuentra buscando a 12 millones de ciudadanos cuyo apellido comienza con la letra J para rogarles que sean funcionarios de casilla y poder así instalar las 83,000 que se propuso en todo el país; se encuentra en la espera de que termine la impresión de las 600 millones de boletas electorales y se encuentra definiendo las reglas de campaña que deberán respetar las personas candidatas a partir del 30 de marzo, todo ello con un acompañamiento valiente, decidido y oportuno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
A pesar de ser un ejercicio democrático inédito en el país, se están buscando establecer las reglas mínimas que se deberán respetar para lograr la equidad en la contienda es decir que todos tengan las mismas condiciones para llegar a los cargos a los que aspiran y no exista una desventaja por el uso del dinero, de los medios o del poder político, para ello la Ley electoral da una ruta a seguir, sin embargo, sabemos que ninguna ley es suficiente si no existen demócratas que la quieran respetar.
Debido tal vez a lo apresurado de su aprobación y a la falta de discusión y reflexión resulta que la ley y seguramente las reglas que establecerá el Consejo General del INE serán una camisa de fuerza para las personas candidatas, principalmente en cuanto al uso de recursos y contratación de propaganda como por ejemplo señalar que pueden utilizar las redes sociales para promocionarse pero no pueden contratar con estas redes los servicios para maximizar su aparición, algo que resulta muy complicado máxime si consideramos que ya se está haciendo anticipadamente y que en caso de queja, el INE tiene forma de saberlo.
Sabemos que no se pueden utilizar recursos públicos ni privados para las campañas solamente los que aporta la persona candidata a su campaña y podrá gastar hasta el tope de gastos que se fijará aparentemente para toda candidatura en $220,326.00 mismo que de comprobarse que se ha rebasado se podrían activar las sanciones que resulten de los procedimientos sancionadores respectivos, mismas que incluyen multas o la pérdida del registro de la candidatura. Sabemos que no pueden intervenir los partidos políticos, servidores públicos o terceros a favor o en contra de alguna candidatura, igual so pena de las sanciones correspondientes, pero seguramente unos promoverán la participación y otros lo harán para desalentarla, lo cierto es que lo que está en juego va más allá de aspiraciones personales o de grupo para ganar tratando de darle la vuelta a la ley, lo que está en juego es la cara de México ante el mundo, el prestigio de la república y de uno de sus pilares fundamentales, la honestidad y credibilidad del futuro Poder Judicial de la Federación, nada más pero tampoco nada menos.
Esperemos que lo que hasta ahora se ve sucio, se logre limpiar con la altura de miras de las personas candidatas.
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