La violencia contra autoridades municipales en México continúa cobrando vidas durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Con el asesinato de Joel Ángel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, ocurrido el pasado 13 de junio, suman ya 11 alcaldes asesinados en funciones desde el inicio del actual sexenio, de acuerdo con recuentos periodísticos y registros difundidos por diversos medios nacionales.
El caso más reciente ocurrió en la región Mixteca de Oaxaca, donde Joel Ángel Bravo Martínez fue atacado a balazos cerca de su domicilio, aunque algunas versiones señalan que los agresores ingresaron a la vivienda para perpetrar el crimen. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca confirmó el homicidio e inició las investigaciones correspondientes. El alcalde había denunciado previamente amenazas y había solicitado medidas de protección a las autoridades estatales.
La muerte de Bravo Martínez se suma a una larga lista de presidentes municipales asesinados durante los primeros meses del gobierno federal encabezado por Sheinbaum. Entre las víctimas se encuentran Alejandro Arcos Catalán, alcalde de Chilpancingo, Guerrero, asesinado el 5 de octubre de 2024; Román Ruiz Bohórquez, presidente municipal de Candelaria Loxicha, Oaxaca, atacado dentro de su domicilio el 15 de octubre de 2024; Jesús Franco Lárraga, alcalde de Tancanhuitz, San Luis Potosí, asesinado el 15 de diciembre de ese mismo año; Mario Hernández García, edil de Santiago Amoltepec, Oaxaca, ejecutado el 15 de mayo de 2025; Isaías Rojas Ramírez, alcalde de Metlatónoc, Guerrero, asesinado el 2 de junio de 2025; Salvador Bastida García, presidente municipal de Tacámbaro, Michoacán, ultimado el 6 de junio de 2025; Lilia Gema García Soto, alcaldesa de San Mateo Piñas, Oaxaca, asesinada dentro del Palacio Municipal el 15 de junio de 2025; Martha Laura Mendoza Mendoza, presidenta municipal de Tepalcatepec, Michoacán, atacada el 17 de junio de 2025; Acasio Flores Guerrero, alcalde de Malinaltepec, Guerrero, asesinado en julio de 2025; Miguel Bahena Solórzano, presidente municipal de Pisaflores, Hidalgo, ejecutado el 20 de octubre de 2025; y Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, Michoacán, asesinado el 1 de noviembre de 2025.
La distribución geográfica de los asesinatos revela una fuerte concentración en entidades históricamente golpeadas por la presencia de grupos criminales y conflictos de gobernabilidad. Guerrero acumula tres casos, Oaxaca cuatro y Michoacán tres más, mientras que Hidalgo y San Luis Potosí registran un asesinato cada uno. Diversos análisis han advertido que los alcaldes representan uno de los eslabones más vulnerables de la estructura política mexicana debido a su cercanía con los problemas de seguridad, la administración de recursos locales y las presiones ejercidas por organizaciones criminales interesadas en controlar territorios estratégicos.
El asesinato de Joel Ángel Bravo Martínez reavivó el debate sobre la protección de autoridades municipales, particularmente en regiones donde la violencia del crimen organizado mantiene una fuerte presencia. Mientras las investigaciones avanzan, el caso vuelve a colocar bajo escrutinio la capacidad de las instituciones para garantizar la seguridad de los funcionarios electos en el ámbito local.
Con este último homicidio, la cifra de alcaldes asesinados durante la administración de Claudia Sheinbaum alcanza once casos documentados, un indicador que especialistas consideran preocupante por el impacto que tiene en la gobernabilidad municipal, la estabilidad política y el ejercicio democrático en distintas regiones del país.
