En la recta final del proceso para renovar tres integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el Observatorio Ciudadano 2026 advirtió sobre un riesgo inminente de captura gubernamental del árbitro electoral, al tiempo que el proceso avanza hacia su fase decisiva con la integración de quintetas que incluyen perfiles señalados por su cercanía con el oficialismo.
El pronunciamiento del grupo —integrado por los ministros en retiro José Ramón Cossío y Margarita Luna Ramos, el exmagistrado electoral Jesús Orozco, el constitucionalista Diego Valadés y el especialista Jorge Alcocer— sostiene que el Comité Técnico de Evaluación ha actuado durante semanas con opacidad, discrecionalidad y sin ofrecer justificaciones públicas sobre sus decisiones, lo que debilita la confianza en la autoridad electoral.
A este señalamiento se suma el contexto político inmediato: las tres quintetas de aspirantes que definirán las nuevas consejerías serán sometidas a votación del pleno de la Cámara de Diputados este martes, siempre que las bancadas logren un acuerdo. En dichas listas figuran perfiles identificados como cercanos al gobierno de la llamada Cuarta Transformación, tanto en el ámbito federal como estatal, además de consejeros y magistrados electorales locales.
El Observatorio cuestiona la “total discrecionalidad” con la que el comité ha determinado quiénes avanzan en cada etapa del proceso, sin exponer razonamientos ni criterios verificables. Esta falta de motivación, advierte, impide evaluar la idoneidad de los perfiles seleccionados y abre la posibilidad de decisiones influenciadas por afinidades políticas.
Entre los casos que han generado mayor controversia se encuentra el de Arturo Chávez, actual titular de Talleres Gráficos de México, quien forma parte de la quinteta masculina. De acuerdo con la información disponible, pese a no contar con trayectoria en el ámbito electoral, superó todas las etapas del proceso con una calificación casi perfecta de 99 sobre 100, lo que ha alimentado cuestionamientos sobre los criterios de evaluación aplicados.
El colectivo también denunció la reiterada vulneración al principio de máxima publicidad, al señalar que los resultados de entrevistas fueron difundidos en horarios nocturnos y sin detallar calificaciones individuales, lo que limita el escrutinio público y la cobertura informativa oportuna. A su juicio, esta práctica refuerza la percepción de opacidad y obstaculiza el seguimiento ciudadano de un proceso clave para la vida democrática.
Asimismo, subrayó que la ausencia de criterios públicos para definir a las personas elegibles sugiere la posible inducción en favor de aspirantes con vínculos de subordinación o afinidad con el Gobierno federal o con el partido en el poder, Morena, tanto dentro del INE como en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El pronunciamiento retoma además advertencias previas del entonces consejero electoral Jaime Rivera, quien en el marco de la reforma electoral planteó el riesgo de que el Gobierno buscara retomar el control del instituto a través de instancias como la Secretaría de Gobernación. Para el Observatorio, la eventual conformación de una mayoría de consejeros afines al oficialismo podría implicar un retroceso a esquemas previos a la autonomía electoral.
El grupo advirtió que un Consejo General con perfiles subordinados provocaría un daño significativo a la credibilidad institucional y a la confianza ciudadana en los procesos electorales, en un momento en que la autonomía del órgano resulta central para garantizar elecciones libres y equitativas.
Ante este panorama, el Observatorio Ciudadano 2026 exigió a la Cámara de Diputados que emita un informe fundado y motivado sobre las decisiones del Comité Técnico de Evaluación. En caso de no cumplirse con estándares de transparencia e integridad, planteó la posibilidad de cancelar el proceso y abrir uno nuevo que asegure claridad en los criterios, máxima publicidad y confianza pública en la designación de las autoridades electorales.
