La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha dado a conocer que, durante el año fiscal 2024 —el último completo en el sexenio de López Obrador— se detectaron irregularidades por un total de 5.161 millones de pesos en el ejercicio del gasto público federalizado y otros recursos públicos.
Este volumen de observaciones sitúa una vez más al cierre del mandato del presidente como una etapa marcada por alertas en materia de transparencia y rendición de cuentas. La cifra es preliminar —y, por tanto, sujeta a aclaraciones aún en trámite— pero adquiere gravedad por su magnitud y por la repartición de las anomalías detectadas.
Concentración estatal y perfil de las irregularidades
La mayor parte del monto señalado —en torno al 89 %— proviene de los entes estatales, es decir, de los gobiernos locales que recibieron fondos federales para salud, educación, infraestructura, entre otros rubros. Sólo el 11 % corresponde a sujetos auditados del ámbito federal.
Entre las entidades con mayor volumen de observaciones destaca el estado de Veracruz (con un monto superior a los 1 078 millones de pesos), donde la ASF señala irregularidades especialmente en el sector salud. En este estado se encontró que los contratos de medicamentos gratuitos no tenían evidencia de entrega al beneficiario o presentaban pagos en exceso, trabajadores sin relación laboral reconocida y hasta variaciones en datos reportados al sistema federal.
Otros estados con alta incidencia de observaciones son Hidalgo (aproximadamente 583 millones de pesos), Chiapas (472 millones) y Durango (390 millones).
En el ámbito federal, el mayor foco de irregularidad fue el Consejo de la Judicatura Federal (272 millones de pesos) entre los sujetos auditados del gobierno central, mientras que otras dependencias federales muestran montos menores, aunque suman al conjunto.
Naturaleza de las anomalías
La ASF identifica que las irregularidades responden a “erogaciones y adquisiciones de bienes y prestación de servicios” cuyo soporte documental es insuficiente o inexistente. Se mencionan contratos sin evidencia de prestación completa (por ejemplo: servicios de seguridad y vigilancia, mantenimiento y limpieza de edificios), compras sin comprobar destino, falta de experiencia documentada del personal contratado y debilidades en procesos de ciberseguridad.
En los fondos etiquetados como “gasto federalizado” —aquellos que el gobierno central transfiere a los estados para cumplir objetivos de política pública— la irregularidad alcanza más de 4 607 millones de pesos. De este total, un 35 % corresponde al sector salud.
Implicaciones políticas y de gobernabilidad
Este informe de la ASF se presenta en un momento delicado para el proyecto político del presidente: cerrar su gestión con un balance de rendición de cuentas debilitado representa un riesgo de reputación para su partido, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y para quienes aspiran a reproducir ese legado en el futuro inmediato. La concentración de irregularidades en gobiernos estatales también abre debates sobre coordinación, supervisión y control de los recursos desde la federación.
Que tres de los estados con mayor volumen de irregularidades estuvieran gobernados por Morena aumenta el espacio político para la oposición, que podrá emplear estos datos como argumento para cuestionar la eficacia del modelo de descentralización financiera y la capacidad del partido en el poder para garantizar la transparencia. Asimismo, desde la administración federal se abre el reto de demostrar que el seguimiento y la sanción de estas irregularidades será real, para evitar señalamientos de impunidad.
Caminos a seguir
La Auditoría deja claro que este es un informe “preliminar” y que los sujetos auditados tienen la oportunidad de presentar aclaraciones o solventar las observaciones antes de que se cierre el ciclo de seguimiento. Queda, por tanto, por ver no sólo cuál será la magnitud final de los recursos que realmente deben ser devueltos o justificados, sino también qué entidades enfrentarán sanciones efectivas.
A mediano plazo, el reto para el gobierno saliente y el entrante es fortalecer los mecanismos de control en los estados, especialmente en los rubros de salud, infraestructura y contratación de bienes y servicios. La cooperación intergubernamental, la transparencia en las transferencias y una supervisión más robusta emergen como ejes clave para evitar que montos similares vuelvan a registrarse.
En definitiva, el último año del sexenio de Andrés Manuel López Obrador queda marcado por una advertencia contundente: más de cinco mil millones de pesos del gasto público nacional están bajo sospecha de irregularidad. Este informe no sólo entra en los libros contables, sino en el terreno político y de rendición democrática, y obligará al próximo gobierno a responder: ¿qué aprendizaje se extraerá de este cierre de ciclo y cómo se garantizará que los recursos públicos cumplan su destino y responsabilidad ante la ciudadanía?
