Desde el heroico territorio del pueblo Loma de Bácum de la tribu Yaqui en Sonora, los delegados y delegadas de más de una decena de estados de México —acompañados por representantes de pueblos originarios de Argentina— dieron a conocer la declaración final de la Sexta Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, reunida los días 18 y 19 de octubre de 2025 bajo la convocatoria del Congreso Nacional Indígena (CNI) y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
En su texto público, los participantes de esta asamblea se reconocen en resistencia: “nos encontramos para escucharnos, mirarnos y sabernos en resistencia, para identificar a los enemigos que tenemos en común, organizarnos y unirnos para defendernos y luchar por la vida”, afirman. El llamado se dirige no solamente a una causa local, sino a un entendimiento colectivo de que la agresión contra un pueblo —mediante el despojo de agua, territorio y vida— impacta a todos los pueblos. Así establecen una solidaridad interétnica y regional que trasciende los límites estatales e incluso nacionales.
El documento es contundente respecto a los identificados como adversarios: el Estado mexicano en sus diversos niveles, organismos como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), así como empresas y concesionarios que —según cita— actúan “como criminales que generan planes para despojar de manera masiva y dejar despoblados y destruidos los territorios”.
Se denuncian explícitamente megaproyectos en diversos estados: la presa de Milpillas en Zacatecas; el acueducto Independencia en Sonora; el canal Centenario en Nayarit; la presa Solís-León en Guanajuato; y una lista más que se alarga con gasoductos, termoelectricas y otras infraestructuras apodadas como energías “verdes” que, bajo esta lectura, no son sino “planes de muerte” que perpetúan el modelo extractivo. En su declaración se sostiene que los llamados planes de justicia o de restauración del agua, presentados por el Estado como solución, son en realidad estrategias para dividir a los pueblos, obtener legitimación para megaproyectos y mantener el imperio del capital.
La asamblea además hace un repaso histórico de resistencias recientes: la expulsión del ejército y la policía que pretendían imponer el gasoducto de la empresa IEnova Energy en Loma de Bácum en 2016; la organización en Mexicali contra Constellation Brands; los bloqueos al acaparamiento de agua potable que privatizaba o concesionaba el recurso para industrias en Querétaro, Puebla o el Valle de México. Estas referencias sirven no solo para validar los antecedentes sino para fortalecer el mensaje de que la lucha por el agua y la vida es simultáneamente material, cultural y espiritual.
Acciones futuras y exigencias
Entre las exigencias planteadas figuran la inmediata eliminación de procesos judiciales contra defensores del agua en diversas entidades federativas, la cancelación de concesiones mineras que han contaminado ríos —en referencia concreta al caso del Grupo México en el río Sonora—, así como la presentación con vida de personas desaparecidas integrantes de guardias tradicionales. También se plantea la convocatoria para la próxima asamblea nacional por el agua y la vida, una jornada de lucha el 22 de marzo de 2026 contra la Conagua, y la construcción de un grupo de análisis de leyes y reformas del “actual mal gobierno”. La lista de exigencias es la siguiente, mismas que delatan una deuda histórica con los pueblos y un doble discurso del gobierno con las comunidades indígenas:
• La eliminación inmediata de los procesos judiciales en contra de Eloxochitlán de Flores Magón de 56 personas defensorxs comunitarixs mazatecas perseguidxs, exigimos amparos y sentencias de libertad inmediata.
• La eliminación inmediata de los procesos judiciales, el acoso y criminalización contra Renato Romero y Pascual Bermudez en Xoxtla puebla fabricadas en razón de la defensa del pozo 4 de agua.
• Exigimos al estado de Chiapas la libertad inmediata e incondicional de los 5 presos de San Juan Cancúc indígenas Tseltales; Manuel Santiz Cruz, Juan Velazco Aguilar, Agustín Pérez Domínguez, Martin Pérez Domínguez, y Agustín Pérez Velazco injustamente recluidos por defender el territorio y el agua ante la imposición de la carretera San Cristóbal Palenque y contra la militarización.
• La eliminación inmediata de los procesos judiciales fabricadas en la represión del halconazo morenista en Xochimilco.
• Justicia para Estela Hernández torturada en junio de 2025 en el DIF Amealco, Querétaro en razón de la defensa de los derechos de las comunidades originarias.
• Exigimos la cancelación del Gasoducto Puerta al Sureste, que violentan los derechos de nuestros pueblos indígenas Náhuatl, Nuntajiyi del sur de Veracruz
• Exigimos se detenga el despojo de espacios verdes en sacramento residencial y Centenario Sonora además de los ataques de sus habitantes afectados que defienden estos espacios.
• Exigimos que el estado mexicano rompa relación con el estado genocida de Israel.
• Exigimos al Estado mexicano retire las concesiones mineras otorgados al grupo México que contaminaron y enfermaron el rio Sonora.
• Exigimos la presentación con vida ante las desapariciones forzadas de 10 integrantes de la guardia tradicional de la Heróica Loma de Bácum el 14 de julio 2021 tras la irrupción de grupo militar un día antes de su desaparición.
• Exigimos la aparición con vida de Sergio Rivera defensor del Agua y Territorio en la Sierra Negra del Estado de Puebla.
• Exigimos se detenga el hostigamiento, acoso, amenazas y extorsión a personas de la comunidad Reyes Metzontla en Zapotitlán, Puebla, por parte del estado que favorece la empresa minera impuesta en su territorio del cual no tienen registro.
• Se detengan las menazas de muerte contra Rubén Sarabia Sánchez (Simitrio) y el mercado hidalgo por parte del gobernador de Puebla Alejandro Armenta y sus policías estatales y municipales en contra de la organización 28 de octubre y libertad incondicional y absoluta para los presos Antonio Vidal y Ángel Sierra.
• Exigimos la eliminación del proceso penal de Luis Castillo, fabricado en la represión ejercida por la oposición de las consecuencias de los preparativos para el mundial 2026.
• Rechazamos la imposición de la presa milpillas, la extracción de su agua. La extracción injusta de aguas profundas del cauce del rio Atenco, el cual defiende el movimiento en defensa del territorio del rio Atenco, Zacatecas.
• Exigimos la libertad de Palestina Libre y alto al Genocidio.
• Exigimos la Aparición con Vida de nuestros 43 Normalistas de Ayotzinapa Guerrero.
En lo simbólico, la declaración ahonda en un lenguaje propio de los pueblos originarios: el agua es declarada “un ser con espíritu vivo” que se va a defender “hasta las últimas consecuencias”. Es una afirmación que busca restaurar una cosmología indígena frente al paradigma dominante del recurso como mercancía. “Declaramos la defensa del agua y la vida, y que defender la vida es defender todo un universo común desde y para los pueblos”, señala el documento.
Para el contexto político de México, esta declaratoria adquiere especial significado. En un país donde la seguridad hídrica, la gestión del agua y los derechos de los pueblos indígenas se encuentran en tensión permanente con los grandes proyectos del capital, la voz del CNI-EZLN interpela tanto al gobierno federal como a los gobiernos estatales. El señalamiento de organismos, empresas y políticas públicas articula una crítica estructural: no solo se trata de tal o cual proyecto, sino de un modelo de desarrollo concebido desde el extractivismo, la privatización y el despojo de comunidades indígenas.
Para los analistas, este documento marca una escalada discursiva: ya no solamente resistencia local o comunitaria, sino la articulación de redes nacionales e internacionales que visibilizan la resistencia hídrica como eje de una disputa mayor —por la vida, por el territorio, por la autonomía—. Queda por ver cómo responderá el Estado mexicano, cuáles serán las consecuencias de esta asamblea en los procesos legislativos, regulatorios o de concesión del agua, y especialmente cómo se articularán estas demandas con la agenda oficial de gestión hídrica, energía y minería.
En conclusión, la Sexta Asamblea Nacional por el Agua y la Vida no sólo revela la profundidad del malestar y la organización de los pueblos originarios, sino que lanza un desafío a la forma hegemónica de pensar el agua y el territorio en México. Su declaratoria, firme, cargada de historia, simbólica y política, es un llamado a la acción: a la resistencia, al análisis crítico y a la búsqueda de alternativas no sólo para los pueblos indígenas, sino para todo el país.
