La música siempre ha sido el espejo de su tiempo, y en México, el regional mexicano es el cronista de una realidad compleja. Sin embargo, hoy la narrativa ha saltado de las letras de los corridos a los expedientes de las fiscalías. El caso que envuelve a Peso Pluma y Gerardo Ortiz no es solo una noticia de espectáculos; es un síntoma de una industria que camina sobre una línea muy delgada entre la autenticidad cultural y la infiltración de capitales de origen dudoso.
A este contexto se suma un elemento clave que ya no puede ignorarse: el seguimiento coordinado de autoridades mexicanas y estadounidenses a las rutas del dinero. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y agencias federales en EE. UU. han puesto el foco en promotoras, disqueras y esquemas de contratación que durante años operaron con escasa supervisión, aprovechando el crecimiento explosivo del género y su internacionalización.
Gerardo Ortiz ha sido, durante más de una década, la cara de una era. Pero su reciente transición de “ídolo de masas” a “testigo colaborador” marca un antes y un después. Tras años de estar en el radar por sus vínculos con DEL Records y su fundador, José Ángel del Villar, Ortiz parece haber optado por la estrategia del pragmatismo legal.
Al aceptar un acuerdo de culpabilidad para evitar la cárcel en Estados Unidos, por realizar negocios y presentaciones con promotores sancionados por ese país, una violación a las leyes federales que, de haber llegado a juicio, pudo costarle una condena de prisión. Ortiz no solo salva su libertad: abre una caja de Pandora sobre cómo se financiaban giras, campañas de promoción y contratos durante la época dorada de los llamados “corridos progresivos”. Su testimonio ha permitido a los fiscales reconstruir una red donde la música era, en algunos casos, el vehículo perfecto para legitimar flujos millonarios de origen ilícito.
Por otro lado, Hassan Kabande, conocido globalmente como Peso Pluma, representa el nuevo fenómeno. Su ascenso meteórico no pasó desapercibido para las autoridades financieras. A diferencia de otros casos, la lupa no parece estar puesta en las letras ni en el discurso artístico, sino en la infraestructura corporativa que sostiene su imperio musical.
Las investigaciones apuntan a promotoras, empresas de logística y esquemas de contratación presuntamente utilizados por estructuras ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación para lavar activos a través de conciertos, festivales y giras internacionales. Aunque hasta ahora no existe una acusación directa contra el artista, el impacto ha sido real: cancelaciones, ajustes en su agenda y un repliegue estratégico que lo ha mantenido fuera del foco mediático en este inicio de 2026.
La pregunta de fondo no es si el artista es culpable, sino si su éxito fue utilizado como un engranaje más dentro de un sistema financiero que hoy comienza a ser desmantelado.
Lo que estamos presenciando es una limpieza necesaria, aunque dolorosa. El regional mexicano dejó de ser un fenómeno local para convertirse en una potencia global, y con ello llegó una vigilancia que antes no existía. Hoy ya no basta con censurar canciones o vetar presentaciones: las autoridades siguen la ruta del dinero, cruzan fronteras y revisan contratos.
Para los fans queda la decepción o la defensa férrea. Para la industria, la lección es clara: la transparencia dejó de ser opcional. Si el género quiere sobrevivir a este escrutinio, deberá profesionalizar sus finanzas con la misma rapidez con la que profesionalizó su sonido.
Estamos ante el posible final de una era de opacidad en los negocios musicales. Mientras Gerardo Ortiz busca redención a través de la cooperación judicial, Peso Pluma enfrenta el desafío de proteger su nombre y su legado en medio de un torbellino legal que apenas comienza. El escenario ya no es solo musical: ahora también es judicial.
