El Paquete Económico 2026 confirmó lo que ya se advertía: el nuevo Poder Judicial de la Federación (PJF), surgido tras la reforma que abrió la puerta a la elección popular de jueces, magistrados y ministros, no enfrentará la misma estrechez presupuestal que vivió el órgano bajo la presidencia de la ministra Norma Piña, cuando el gasto económico fue el principal argumento para desmantelar al anterior Poder Judicial.
De acuerdo con la propuesta entregada en la Cámara de Diputados, el Ejecutivo proyecta asignar 85,960.2 millones de pesos al PJF para 2026, lo que representa un incremento de 934.4 millones respecto a lo originalmente proyectado para 2025 (85,025.8 millones) y un salto de 14,976.6 millones en comparación con lo finalmente aprobado para ese mismo año (70,983.6 millones).
De la “burocracia dorada” al nuevo diseño institucional
En septiembre de 2024, cuando aún Norma Piña presidía la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal, el Ejecutivo justificó el recorte de más de 9 mil millones de pesos al presupuesto del PJF bajo el argumento de que el órgano había caído en excesos y prácticas de “burocracia dorada”.
Hoy, con el rediseño judicial impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador —calificado por sus críticos como un proyecto nacido del revanchismo y la confrontación con la Corte—, el discurso cambió: el presupuesto vuelve a crecer y el nuevo poder nacido del voto contará con mayores recursos para operar.
La paradoja no ha pasado desapercibida en círculos legislativos y académicos. Mientras en 2025 se defendía la austeridad como principio rector para acotar el poder de jueces y ministros, en 2026 se apuesta por fortalecer a una nueva estructura que apenas dará sus primeros pasos.
La disputa que viene
Con este giro presupuestal, se anticipa un debate intenso en San Lázaro. En todo caso, los 85,960.2 millones de pesos proyectados marcan un antes y un después: el nuevo Poder Judicial no nacerá con las tijeras de la austeridad, sino con una bolsa más amplia que la que tuvo su antecesor, confirmando que la disputa por el control del presupuesto es, al final, una disputa por el poder.
