La Secretaría de Bienestar de Baja California, bajo el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda, enfrenta críticas por distribuir vales de gas LP de la empresa Silza, señalada en dos graves incidentes de seguridad en los últimos años.
La compañía fue la misma que abasteció el cilindro que explotó recientemente en la alcaldía Iztapalapa, dejando múltiples afectados. Además, en 2023 protagonizó otra explosión en Tijuana, la cual derivó en un fuerte cuestionamiento público. En aquel entonces, la propia gobernadora aseguró que se llevaría a cabo una investigación a fondo; sin embargo, a casi dos años, los resultados no han sido transparentados ni presentados a la ciudadanía.
Pese a los antecedentes, el gobierno estatal mantiene la relación comercial con Silza y la utiliza como proveedora de gas LP para un programa social en el que se entregan vales a familias de escasos recursos. La medida, que en principio busca apoyar la economía doméstica, ahora se encuentra bajo la lupa debido a las dudas sobre la seguridad de la empresa y la opacidad en torno a las investigaciones previas.
Especialistas en redes sociales y activistas han señalado la incongruencia de la administración de Marina del Pilar: mientras en foros públicos asegura priorizar la seguridad de la población, en la práctica se fortalece el vínculo con una empresa señalada por negligencia en dos explosiones que marcaron a comunidades enteras.
El caso ha detonado un debate en plataformas digitales, donde usuarios cuestionan el trasfondo de la relación entre el gobierno estatal y Silza, así como la falta de información oficial sobre las indagatorias prometidas en 2023.
Por ahora, ni la Secretaría de Bienestar ni la oficina de la gobernadora han emitido una postura respecto a la continuidad del contrato con la empresa gasera, lo que mantiene abierta la polémica en torno a la seguridad y transparencia en el manejo de recursos públicos.
