La Fiscalía General de la República (FGR) dio un paso procesal relevante al judicializar una carpeta de investigación en contra de la activista y académica María Amparo Casar Pérez, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), así como otras dos personas relacionadas con el caso. El expediente, que ahora pasa a la etapa de audiencia inicial ante un juez federal, tiene como eje la probable comisión del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, tipificado en el artículo 217 del Código Penal Federal, derivado de la obtención de una pensión vitalicia otorgada por Petróleos Mexicanos (Pemex) tras el fallecimiento de su esposo en 2004.
Según la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, la carpeta de investigación judicializada incluye a Casar y dos personas más, quienes enfrentarán imputaciones por su probable intervención en los hechos que se investigan. La acusación sostiene que los involucrados habrían participado en la obtención de la pensión en circunstancias que podrían configurar un uso indebido de facultades, un delito que puede aplicarse no sólo a servidores públicos, sino también a particulares que “soliciten o promuevan” la realización de actos con implicaciones económicas indebidas.
El origen del proceso se remonta a abril de 2024, cuando la FGR abrió la carpeta de investigación luego de que Pemex presentó una denuncia en contra de varios servidores públicos y de Casar y sus dos hijos por presuntas irregularidades en el otorgamiento de la pensión tras la muerte de Carlos Fernando Márquez Padilla García, esposo de la activista. La empresa estatal consideró que el beneficio económico pudo haberse concedido de manera impropia, pues –según ha señalado– la muerte de Márquez Padilla, ocurrida en octubre de 2004 durante su breve paso como funcionario, no estuvo relacionada con las actividades laborales que justificarían el pago del seguro y la pensión.
Este caso ha sido objeto de polémica desde sus inicios. Durante la administración de Pemex y en espacios de la llamada “mañanera” presidencial, representantes del Estado han planteado críticas directas a Casar y su familia por la percepción de que recibieron beneficios indebidos por más de dos décadas, un señalamiento que la propia activista ha rechazado categóricamente como injusto y politizado. Las discusiones públicas incluyeron, incluso, versiones sobre la naturaleza de la muerte de su esposo y la legalidad del derecho a la pensión, elementos que Casar ha defendido ante tribunales, logrando que un juez ordenara la reinstalación de los pagos suspendidos por Pemex en 2024.
La audiencia inicial para dar formal inicio al proceso se ha programado para el próximo 16 de diciembre, donde el juez deberá valorar los elementos recabados por la Fiscalía y decidir sobre posibles vinculaciones a proceso. La imputación por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades no se considera grave, por lo que en caso de que se decretara la vinculación podrían enfrentar el proceso en libertad con medidas cautelares.
Este giro judicial ocurre en un contexto de tensiones entre la sociedad civil crítica del poder público y el gobierno actual. La llegada de la nueva titular de la Fiscalía, Ernestina Godoy Ramos, ha sido interpretada por diversos analistas y defensores de derechos como un catalizador para reactivar casos de alto perfil, algunos de los cuales implican a voces disidentes o críticas del régimen. En este sentido, el caso de Casar se inscribe en una narrativa más amplia sobre la percepción de persecución política en México, particularmente contra figuras asociadas a la vigilancia anticorrupción, en un país donde la línea entre una investigación legítima y la instrumentalización de la justicia para desgastar a opositores es objeto de debate público.
