El juez cuarto de distrito en materia penal del Estado de México, Daniel Marcelino Niño Jiménez, concedió una suspensión definitiva a Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y señalado como líder de “La Barredora”. Pese a ello, Bermúdez seguirá preso en el penal del Altiplano, ya que la medida no le permite recuperar su libertad ni impide que la FGR ejecute la orden de aprehensión por delincuencia organizada. La resolución solo establece que quede a disposición del juez de amparo mientras continúa su proceso.
El fallo ratifica la suspensión provisional dictada el 29 de septiembre, luego de que un tribunal federal rechazara una queja de la FGR. El magistrado Ricardo Garduño Pasten precisó que la medida no tiene efectos restitutorios, sino meramente procesales. Se programó una nueva audiencia incidental para el 23 de octubre de 2025 a las 10:30 horas, donde se revisarán los alcances de la suspensión.
No obstante, según fuentes tanto judiciales como ministeriales, este fallo no inhibe que la Fiscalía General de la República (FGR) ejecute la orden de aprehensión existente, en los supuestos legalmente permitidos. En otras palabras, mientras el amparo está vigente, la FGR puede intentar actuar bajo ciertos escenarios (por ejemplo, en caso de flagrancia) o en cumplimiento de mandatos que sean compatibles con la decisión del juez.
Hasta antes de esta suspensión definitiva, Bermúdez había logrado una suspensión provisional que había sido concedida por un juez federal con sede en Baja California, luego de que él promoviera un amparo el 18 de abril pasado. Ese amparo fue admitido por el Juzgado Décimo Segundo de Distrito con residencia en Tijuana, bajo la condición de que Bermúdez depositara una garantía —16 000 pesos— para mantener la medida.
No obstante, esa protección interina nunca fue suficiente para impedir que para algunos delitos de peso elevado —como el secuestro agravado— se apliquen medidas de prisión preventiva automática, independientemente del amparo.
Cabe destacar que, paralelamente, un juez local en Tabasco ya dictó prisión preventiva en su contra por cargos estatales —secuestro exprés, extorsión y asociación delictuosa— en el contexto de la causa penal 386/2025. Esta resolución local es independiente del proceso federal, y fue emitida aún cuando Bermúdez se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano.
El cuadro se complica más pues Bermúdez fue detenido en Paraguay el 12 de septiembre, deportado o expulsado a México y puesto a disposición de las autoridades federales. Desde El Altiplano, rindió su primera audiencia —vía videoconferencia— ante el juez de control de Villahermosa, quien le impuso la medida de prisión preventiva oficiosa, solicitada por la Fiscalía estatal, y otorgó duplicidad de término a la defensa.
Se espera que en los próximos días se reanude la audiencia para decidir si Bermúdez será vinculado a proceso en el ámbito estatal, con lo cual todo el entramado entre los fueros federal y local estará en juego.
Desde el punto de vista político, el caso Bermúdez ha generado fuertes tensiones. La proximidad política que tuvo con el gobernador tabasqueño y actual coordinador senatorial de Morena, Adán Augusto López, es objeto de cuestionamientos y señalamientos por parte de la oposición, que exige esclarecer si existió complicidad, negligencia o encubrimiento institucional.
Asimismo, el otorgamiento de la suspensión definitiva ha despertado críticas sobre los riesgos de que personajes con alto perfil delictivo utilicen los mecanismos constitucionales para dilatar su detención, así como un posible encubrimiento por parte de impartidores de justicia. Hay quien sostiene que este tipo de resoluciones pueden convertirse en “escudos legales” para prolongar la impunidad, si no se revisa con rigor su fondo.
