El diario The New York Times publicó este martes 29 de septiembre de 2026 un reportaje en el que revela que dos agencias policiales de Estados Unidos indagan señalamientos sobre presuntos vínculos de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, con el crimen organizado y el contrabando de combustible, también conocido como huachicol fiscal.
De acuerdo con el periódico, que cita a cinco personas con conocimiento directo de las pesquisas internas y que hablaron bajo condición de anonimato, las agencias no han abierto investigaciones formales hasta el momento. El texto forma parte de un análisis más amplio sobre los desafíos políticos que representan para la presidenta Claudia Sheinbaum las acusaciones que rodean al círculo cercano de la familia del expresidente.
El New York Times señala que López Beltrán se habría puesto en contacto, mediante intermediarios, con funcionarios estadounidenses encargados de hacer cumplir la ley en varias ocasiones durante este año. Sin embargo, esas aproximaciones no se concretaron en conversaciones formales.
Los señalamientos contra López Beltrán no son nuevos. En los últimos meses, investigaciones periodísticas mexicanas y documentos filtrados de expedientes de la Fiscalía General de la República (FGR) han mencionado su nombre o el de su círculo cercano en el contexto de operaciones de contrabando de combustible. Testigos colaboradores y declaraciones ministeriales han aludido a “un tema de Andy” o al “hijo del presidente” en relación con descargas de diésel disfrazado de aditivos en puertos mexicanos, operaciones que habrían evadido el pago de impuestos por miles de millones de pesos.
Empresas y personajes vinculados a Jorge Amílcar Olán, identificado en reportajes como amigo y operador cercano de Andy y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, han aparecido en investigaciones sobre redes de huachicol fiscal que, según autoridades estadounidenses, habrían tenido conexiones con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el FBI han investigado a compañías texanas que suministraron combustible a firmas mexicanas relacionadas con este esquema.
En agosto de 2026, la FGR emitió un comunicado en el que afirmó no contar con datos de prueba suficientes para iniciar una indagatoria formal contra López Beltrán por delitos en materia de hidrocarburos. El propio López Beltrán ha negado las acusaciones y ha calificado los señalamientos como parte de una campaña política en su contra. Meses antes, el gobierno de Estados Unidos le revocó la visa, decisión que él atribuyó a motivaciones políticas y no a pruebas de delito.
El reportaje del New York Times se publica en un momento en que la relación bilateral entre México y Estados Unidos atraviesa tensiones por temas de seguridad, migración y combate al crimen organizado. La mención de que las agencias estadounidenses revisan información sin haber abierto aún investigaciones formales deja en un terreno de incertidumbre jurídica el estatus de López Beltrán ante las autoridades de ese país.
En México, el caso ha generado debate político. La oposición ha utilizado los señalamientos para cuestionar a Morena y al gobierno de Sheinbaum, mientras que desde el oficialismo se ha insistido en que no existen indicios contundentes y que cualquier proceso debe basarse en pruebas y no en filtraciones o intereses políticos.
Hasta el momento, ni las autoridades mexicanas ni las estadounidenses han confirmado públicamente la apertura de una investigación formal contra Andrés Manuel López Beltrán. El reportaje del New York Times se limita a señalar que las agencias “están mirando” las acusaciones, con base en fuentes anónimas con conocimiento directo de las consultas internas.
La evolución de estos señalamientos dependerá de si las autoridades de ambos países logran reunir elementos de prueba suficientes para pasar de la revisión informal a una indagatoria formal. Por ahora, el caso permanece en el terreno de las acusaciones periodísticas, los testimonios en expedientes abiertos y la presión política que generan en la esfera pública mexicana.
