Una investigación de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documenta la presunta triangulación de más de 65 millones de pesos desde una empresa contratista del gobierno federal hacia una red de compañías “fantasma” vinculadas con un operador financiero del Partido del Trabajo (PT) en Quintana Roo, en un entramado que involucra recursos públicos, contratos federales y estructuras empresariales irregulares.
El reportaje señala que Grupo de Tecnología Cibernética, conocida como Grupo Tecno, empresa beneficiada durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador con contratos superiores a los 4 mil millones de pesos, transfirió dichos recursos a al menos diez empresas catalogadas como factureras por el Servicio de Administración Tributaria. Estas compañías están relacionadas con César Adrián Gamboa Montejo, responsable de las finanzas del PT en esa entidad.
De acuerdo con la indagatoria, la ruta del dinero se remonta a 2020, cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores, entonces encabezada por Marcelo Ebrard, adjudicó a Grupo Tecno un contrato por 3 mil 800 millones de pesos para la emisión de pasaportes entre 2021 y 2026. Apenas un mes después de obtener ese contrato, la empresa inició transferencias por más de 65 millones de pesos hacia una red de compañías con características de simulación de operaciones.
El análisis de actas mercantiles y registros fiscales revela que al menos ocho de las empresas receptoras de estos recursos han tenido como apoderado, administrador o representante a Gamboa Montejo, quien desde 2022 ha operado financieramente para el PT en Quintana Roo, incluyendo tareas de recaudación y administración de recursos para campañas políticas en la región. Entre ellas se encuentra la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum en 2024, en la que el PT participó como parte de la coalición con Morena y el Partido Verde.
Pese a que el propio Gamboa Montejo declaró en 2024 haber dejado su cargo partidista en 2022, documentos oficiales del Instituto Nacional Electoral (INE) confirman que continuaba como responsable de finanzas del PT en 2025, año en que incluso fue ratificado formalmente en el puesto. La investigación también lo ubica en actividades políticas vinculadas a la campaña presidencial en Quintana Roo.
El entramado empresarial identificado por MCCI va más allá de las compañías que recibieron directamente recursos de Grupo Tecno. La red incluye al menos 40 empresas que comparten domicilios, socios y representantes legales, de las cuales 12 han sido incluidas en el listado definitivo del SAT como empresas que simulan operaciones, figura asociada a prácticas de evasión fiscal, lavado de dinero o desvío de recursos públicos.
Las indagatorias evidencian que los supuestos accionistas de estas empresas son, en muchos casos, personas sin capacidad económica ni conocimiento de su participación en dichas sociedades. Se trata de empleados, choferes, secretarias o incluso habitantes de zonas marginadas cuyos datos habrían sido utilizados sin su consentimiento. Testimonios recabados por MCCI dan cuenta de casos de suplantación de identidad en entidades como Nuevo León, donde personas de oficios como albañiles o electricistas aparecen formalmente como socios de compañías que han recibido millones de pesos.
El esquema también involucra la participación de fedatarios públicos. En particular, se menciona al notario de Cancún Jorge Alberto Galván García como figura central en la constitución de múltiples empresas de la red, varias de ellas posteriormente clasificadas como factureras por las autoridades fiscales. Según testimonios, algunos de los supuestos socios fueron incorporados en actas constitutivas sin su conocimiento.
La transferencia de recursos se habría realizado mediante la emisión de más de 250 comprobantes fiscales en 2020, año en el que Grupo Tecno también mantenía contratos con diversas dependencias federales, entre ellas la Secretaría de Salud, Telecomunicaciones de México, el INE y otras instituciones públicas, de las cuales recibió pagos por más de 100 millones de pesos.
Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en una revisión que recursos provenientes de contratos con la Secretaría de Salud fueron triangulados hacia empresas enlistadas como factureras. El análisis, basado en información bancaria proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, confirmó transferencias por más de 55 millones de pesos a nueve empresas con estas características.
La investigación también documenta que parte de los recursos transferidos por estas compañías fue dispersada a otras entidades igualmente catalogadas como empresas fachada, ampliando el alcance del esquema financiero.
En paralelo, se identificaron irregularidades en el proceso de licitación mediante el cual Grupo Tecno obtuvo el contrato de pasaportes. El Instituto Mexicano de Auditoría Técnica, que participó como testigo social, señaló inconsistencias en la propuesta de la empresa, incluyendo la oferta de costos en cero pesos para ciertos componentes del servicio, lo que, a juicio del organismo, no cumplía con los requisitos establecidos en la convocatoria.
Hasta el momento, el director de Grupo Tecno, Juan Carlos Torres Guzmán, no ha emitido respuesta a los cuestionamientos formulados por MCCI sobre las transferencias, la relación con las empresas involucradas o los vínculos con los operadores señalados.
El caso expone un posible esquema de triangulación de recursos públicos mediante empresas fachada, con conexiones en estructuras partidistas y redes empresariales que operan en distintas entidades del país, y abre interrogantes sobre los mecanismos de supervisión en la asignación y ejecución de contratos federales durante el actual y el pasado sexenio.
