En medio de una de las crisis humanitarias más profundas que enfrenta México, el debate público se concentró este jueves en un tema distinto al que llevó a cientos de familiares de personas desaparecidas a las calles de la capital del país. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, confirmó que el Gobierno federal investiga quién financió el traslado de personas provenientes de Jalisco que participaron en la movilización de madres buscadoras realizada en la Ciudad de México, una declaración que generó reacciones debido a que el foco oficial pareció desplazarse de la exigencia de verdad y justicia hacia el origen de los recursos utilizados para acudir a la protesta.
Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de la Secretaría de Gobernación informó que las autoridades cuentan con datos que indican que algunas personas provenientes de Jalisco recibieron apoyo para trasladarse a la movilización. Según explicó, el Gobierno se encuentra recabando información para determinar el origen de esos apoyos y establecer si existió alguna intención ajena a la exigencia legítima de búsqueda y justicia que sostienen las familias de personas desaparecidas.
La movilización se realizó en la víspera de la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026 y reunió a madres, padres, familiares de desaparecidos e integrantes de colectivos que desde hace años buscan a sus seres queridos ante la falta de resultados de las autoridades. En ese contexto, Rosa Icela Rodríguez reiteró la solidaridad del Gobierno federal con las familias afectadas por las desapariciones y aseguró que las instituciones continúan trabajando en tareas de localización y atención a las víctimas.
Más tarde, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que colectivos provenientes de Jalisco llegaron en autobuses a la Ciudad de México. Al ser cuestionada sobre posibles responsables del financiamiento, la mandataria evitó señalar a alguna persona u organización y sostuvo que, por el momento, se trataba únicamente de información relacionada con la presencia de esos grupos en la manifestación.
Las declaraciones ocurrieron en un momento particularmente sensible para los colectivos de búsqueda. Jalisco se ha convertido en uno de los estados más golpeados por la desaparición de personas y también por la violencia contra quienes encabezan las labores de búsqueda. En los últimos años, diversos casos de madres buscadoras asesinadas o atacadas han colocado el tema en el centro de la discusión nacional y han evidenciado los riesgos que enfrentan quienes intentan localizar a familiares ausentes ante la insuficiencia de las investigaciones oficiales.
La protesta realizada en la capital tuvo como propósito visibilizar la situación de miles de familias que continúan sin respuestas. Los colectivos han insistido en que el principal reclamo sigue siendo la localización de personas desaparecidas, el esclarecimiento de los hechos y el combate a la impunidad. Por ello, las referencias gubernamentales al financiamiento del traslado de algunos manifestantes provocaron cuestionamientos en distintos sectores, donde se considera que la atención pública debería mantenerse centrada en la magnitud de la tragedia nacional y en los mecanismos para resolverla.
La investigación anunciada por la Secretaría de Gobernación se encuentra en una etapa inicial y hasta el momento no se ha informado sobre responsables, organizaciones o personas relacionadas con el apoyo económico para el traslado de los participantes provenientes de Jalisco. Lo que sí quedó claro tras la conferencia es que la discusión pública volvió a poner frente a frente dos temas que hoy atraviesan al país: por un lado, la demanda de justicia de miles de familias que buscan a sus desaparecidos; por otro, la decisión gubernamental de indagar quién facilitó que algunas de esas voces llegaran a manifestarse en la Ciudad de México.
