En una resolución que pone en evidencia graves deficiencias institucionales, un tribunal federal ha dictado sentencia absolutoria a favor de José Martínez Cruz, tras procesos administrativo y penal impulsados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El caso José Martínez Cruz: un defensor pendiente de justicia
José Martínez Cruz, quien fue director general de la Primera Visitaduría de la CNDH y un actor clave en la fundación de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, fue sometido a dos procesos: uno administrativo y otro penal. La institución lo acusó tras críticas que emitió sobre la falta de investigaciones del Ejército en violaciones graves a derechos humanos. Sin embargo, el tribunal determinó que no existían pruebas suficientes y absolvió al defensor, reconociendo que actuó en ejercicio legítimo de su derecho a la libertad de expresión e información.
Organizaciones como Artículo 19, Tlachinollan y Centro Prodh habían exigido que se respetara la presunción de inocencia y se frenara el uso de las instituciones como mecanismos de represalia.
José Martínez Cruz ocupó el cargo de Director General de la Primera Visitaduría de la CNDH de enero a agosto de 2020, periodo durante el cual tuvo a su cargo el expediente de la Recomendación CNDH/2018/VG sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Tras su renuncia, motivada por diferencias con la titular de la CNDH respecto a la autonomía del organismo y el papel del Ejército en el caso, la CNDH inició una serie de acciones legales en su contra, basadas en entrevistas que Martínez Cruz concedió a diversos medios de comunicación. Estas acciones incluyeron demandas penales por supuesta revelación de información privilegiada y acusaciones administrativas por presuntas faltas graves, ninguna de las cuales fue sustentada con pruebas.
Señalamientos sobre una CNDH sin autonomía frente al Estado
Este caso se enmarca dentro de acusaciones más amplias sobre la crisis de independencia de la CNDH. Críticos reafirman que la institución ha perdido autonomía y se ha alineado con el gobierno federal:
En mayo de 2024, un juez determinó que la CNDH violó el derecho a la verdad y al acceso a la información al censurar más de 2 mil 500 recomendaciones emitidas entre 1990 y 2015 (incluido el caso de Pasta de Conchos); en enero de 2025, la institución fue obligada a restituir públicamente ese contenido.
En 2024, organizaciones civiles denunciaron la omisión del organismo ante violaciones cometidas bajo el Gobierno de López Obrador y la militarización de la seguridad; señalaron que solo se emitieron recomendaciones aisladas sobre salud o información pública, mientras que los abusos ocurridos durante la actual administración quedaron prácticamente invisibilizados.
La reelección de Rosario Piedra Ibarra en 2024 provocó críticas generalizadas por su cercanía con el Ejecutivo; se cuestionó la falta de neutralidad y la renuncia masiva del Consejo Consultivo en 2023 como prueba del sesgo institucional.
En mayo de 2025, la CNDH misma declaró estar bajo una “guerra sucia” y propuso transformarse en la “Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo”, afirmando que no aspira a ser contrapeso del Estado, sino parte del aparato estatal —una postura fuertemente criticada en círculos especializados
Un patrón preocupante
Este fallo absolutorio hacia Martínez Cruz es relevante no solo por el rescate de un defensor histórico, sino porque revela un patrón de uso indebido de las atribuciones de la CNDH contra quienes disienten internamente. Las denuncias hacen patente que hoy la institución parece responder más a lógicas políticas que a su mandato constitucional de actuar con autonomía y garantizar la verdad.
La sentencia a favor de José Martínez Cruz representa una victoria jurídica y moral en defensa de quienes defienden derechos humanos en México. Pero también eleva la exigencia para que la CNDH recupere su independencia plena, se revise su modelo institucional y restituya su legitimidad como órgano contrapeso efectivo del Estado.
En un país donde el Estado ha sido la fuente de violaciones sistemáticas, la CNDH no puede permitirse erigirse como juez parcial; debe volver a la ruta del rigor técnico, la transparencia y el acompañamiento real de las víctimas, no del poder.
