México profundizó su deterioro institucional y descendió hasta el lugar 121 de 143 países evaluados en el Índice de Estado de derecho 2025 del World Justice Project (WJP), con una calificación de apenas 0.40 en una escala de cero a uno. El resultado coloca al país en la parte más baja de la clasificación mundial y lo deja por debajo de naciones como Angola, Honduras, Rusia y Nigeria, además de El Salvador, de acuerdo con las mediciones del organismo internacional.

La cifra no es solamente una posición dentro de una tabla internacional. Para el World Justice Project, el Estado de derecho refleja la manera en que las personas experimentan en la vida cotidiana el funcionamiento de las instituciones, la justicia, los derechos, la seguridad, la corrupción y los límites al poder público. El índice 2025 fue construido a partir de más de 215 mil encuestas a hogares y alrededor de 4 mil 100 encuestas a especialistas y profesionales del derecho, y contempla ocho grandes factores para evaluar a 143 países y jurisdicciones.

En el caso mexicano, el dato que más preocupa es la velocidad del retroceso. Entre 2024 y 2025, el país registró una caída de 2.8 por ciento en su puntuación general, una de las contracciones más pronunciadas registradas por el WJP durante el periodo. En América Latina y el Caribe, donde el promedio regional fue de 0.51, México tuvo el peor desempeño en términos de variación anual, por encima incluso del deterioro registrado por El Salvador, que cayó 2.7 por ciento, y Haití, con una reducción de 2.2 por ciento.

El descenso adquiere mayor dimensión cuando se observa quiénes aparecen por encima de México en la clasificación. Angola ocupa el lugar 113, con una puntuación de 0.42; Honduras se encuentra en el sitio 116, con 0.41; Rusia aparece en el 119, también con 0.41; y Nigeria ocupa el puesto 120, con 0.41. México, con 0.40, quedó inmediatamente después de esos países. El Salvador también obtuvo 0.42 y se ubicó por delante de México en la medición.

La comparación resulta especialmente incómoda porque México no solamente se encuentra en la zona baja del ranking global, sino que además ocupa el lugar 28 de 32 países medidos en América Latina y el Caribe. Solamente Bolivia, Nicaragua, Haití y Venezuela presentan una posición regional inferior. El contraste con los países latinoamericanos mejor evaluados es todavía mayor: Uruguay alcanzó 0.72, Costa Rica 0.68 y Chile 0.66.

El resultado mexicano también queda lejos de otras economías importantes de la región. Argentina obtuvo 0.54 y Brasil 0.50. Este último, además, registró un crecimiento de 1.1 por ciento en su puntuación durante el periodo, mientras República Dominicana avanzó 2.1 por ciento y se colocó entre los países que más mejoraron en el mundo. México, en cambio, siguió la trayectoria contraria.

Detrás del promedio nacional existe un conjunto de problemas que ayuda a explicar la posición alcanzada. El WJP coloca a México en el lugar 108 de 143 en el factor de restricciones a los poderes del gobierno, mientras que en ausencia de corrupción ocupa el puesto 134. En gobierno abierto obtiene una posición considerablemente mejor, el lugar 54, pero en derechos fundamentales cae al 95 y en orden y seguridad hasta el 132.

Las mayores dificultades aparecen también en el terreno de la justicia. México ocupa el lugar 134 mundial tanto en justicia civil como en el indicador de ausencia de corrupción, mientras que en justicia penal se encuentra todavía más abajo, en el puesto 135 de 143. En cumplimiento regulatorio, el país aparece en el lugar 113.

Es precisamente esta fotografía institucional la que convierte al dato en algo más profundo que una simple caída estadística. Un Estado de derecho sólido supone que las reglas son conocidas, que las autoridades están sujetas a límites, que los ciudadanos pueden exigir sus derechos y que los tribunales funcionan con independencia y eficacia. Cuando esos elementos se debilitan, las consecuencias terminan alcanzando la vida cotidiana: desde la posibilidad de acceder a la justicia hasta la confianza en las instituciones y la capacidad del Estado para hacer cumplir sus propias normas.

El propio WJP advierte que el deterioro observado en 2025 no es exclusivamente mexicano. El organismo identificó una nueva aceleración de la llamada recesión mundial del Estado de derecho: 68 por ciento de los países incluidos en el índice registraron retrocesos durante el último año, frente al 57 por ciento observado en la medición anterior. El debilitamiento de la independencia judicial, los controles al Poder Ejecutivo y el espacio cívico aparecen entre las tendencias internacionales más relevantes.

La independencia judicial ocupa un lugar central en ese diagnóstico. Según el WJP, los indicadores relacionados con la capacidad de los tribunales para limitar al Poder Ejecutivo se deterioraron en 61 por ciento de los países evaluados. También disminuyó la independencia de los sistemas de justicia civil y penal frente a influencias indebidas del gobierno en una proporción importante de las naciones analizadas.

En México, la dimensión judicial cobra especial relevancia debido a que la calificación de justicia penal se encuentra entre las más bajas de todos los componentes medidos por el organismo. El país ocupa el lugar 135 en ese rubro, solamente ocho posiciones por encima del último lugar mundial. La justicia civil tampoco ofrece un panorama favorable, pues México se encuentra en el sitio 134.

La ausencia de corrupción constituye otro de los puntos más débiles. México ocupa el lugar 134 de 143, lo que significa que solamente nueve países aparecen por debajo en ese indicador. La medición analiza, entre otros elementos, la corrupción dentro de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como la actuación de funcionarios públicos y la existencia de mecanismos efectivos para combatir estas prácticas.

En contraste, el indicador de gobierno abierto representa uno de los pocos espacios en los que México conserva una posición relativamente menos desfavorable, con el lugar 54 mundial y el décimo regional. Sin embargo, esa fortaleza no alcanza para compensar las profundas deficiencias registradas en seguridad, justicia, corrupción y controles institucionales.

La posición mexicana también debe leerse con cautela. El Índice de Estado de derecho del WJP no pretende medir únicamente la existencia formal de leyes o instituciones, sino su funcionamiento efectivo y la manera en que esas reglas son experimentadas por la población.

El panorama internacional permite dimensionar todavía más el rezago. Dinamarca encabezó la clasificación mundial con 0.90, seguida por Noruega con 0.89 y Finlandia con 0.87. En el extremo contrario se encuentran Venezuela, Afganistán, Camboya, Haití y Nicaragua. México quedó mucho más cerca del fondo de la tabla que del promedio de los países evaluados.

El problema, por tanto, no se reduce a que México haya perdido dos posiciones en la clasificación. El desafío está en que el país combina una puntuación baja con una tendencia descendente. La medición de 2025 muestra que mientras algunas naciones de la región lograron fortalecer sus instituciones o, al menos, contener su deterioro, México registró una de las caídas más pronunciadas del continente.

El dato obliga a mirar más allá de los discursos políticos y de las disputas coyunturales. El Estado de derecho se construye en los tribunales, en los órganos de control, en las instituciones encargadas de garantizar derechos, en la capacidad de investigar delitos y en la certeza de que las autoridades deben responder ante la ley. También se sostiene en la posibilidad de que los ciudadanos cuestionen al poder sin que las instituciones pierdan su capacidad de protegerlos.

El World Justice Project plantea que la fortaleza del Estado de derecho está vinculada con comunidades más justas, gobiernos más responsables, mayores niveles de paz y mejores condiciones para el desarrollo. Su advertencia global es clara: las instituciones pueden tardar décadas en consolidarse, pero su deterioro puede acelerarse en periodos relativamente cortos.

Para México, el lugar 121 no es solamente una cifra. Es el reflejo de un país que, según esta medición internacional, enfrenta serios desafíos en materia de justicia penal y civil, corrupción, seguridad y límites al poder público. La pregunta que deja el informe no es únicamente por qué México cayó, sino qué decisiones serán capaces de detener el descenso y reconstruir la confianza en las instituciones antes de que el rezago se vuelva todavía más profundo.