Un tribunal federal confirmó la sentencia absolutoria a favor de Israel Vallarta Cisneros, quien permaneció cerca de 20 años en prisión preventiva sin recibir una condena definitiva, y rechazó la apelación promovida por la Fiscalía General de la República (FGR), en una resolución que representa un nuevo revés para la institución encargada de la persecución penal en uno de los casos más controvertidos de la historia reciente de México.
La decisión fue emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito, que ratificó la sentencia absolutoria dictada previamente por la jueza Mariana Vieyra, quien determinó que durante el proceso no se acreditó la responsabilidad penal de Vallarta por los delitos de secuestro, delincuencia organizada y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército que le fueron imputados. Con esta resolución, el tribunal confirmó que no existen elementos suficientes para revertir el fallo que permitió su liberación.
La resolución llega aproximadamente diez meses después de que Vallarta recuperó su libertad, luego de haber permanecido encarcelado desde diciembre de 2005. Su caso estuvo ligado desde el inicio al llamado caso Cassez-Vallarta, uno de los episodios más cuestionados del sistema de justicia mexicano debido a las irregularidades documentadas durante su detención y presentación pública.
Tras la absolución emitida en primera instancia, la FGR anunció que interpondría un recurso de apelación. El fiscal general Alejandro Gertz Manero argumentó entonces que la institución tenía la obligación jurídica de defender los derechos de las personas identificadas como víctimas en el expediente, por lo que buscaría que un tribunal revisara nuevamente la sentencia absolutoria.
Sin embargo, el tribunal de apelación determinó mantener intacto el fallo absolutorio. De acuerdo con los reportes conocidos este jueves, la resolución representa la pérdida del último recurso impulsado por la Fiscalía para intentar revertir la libertad de Vallarta dentro de este proceso penal.
El caso de Israel Vallarta adquirió notoriedad nacional e internacional debido a que su captura fue presentada en televisión abierta mediante una recreación organizada por autoridades federales de la época. Años después, distintas instancias judiciales reconocieron que aquella transmisión constituyó un montaje que vulneró derechos fundamentales de los detenidos. Florence Cassez, quien fue arrestada junto con Vallarta, obtuvo su libertad en 2013 tras una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Durante casi dos décadas, organizaciones defensoras de derechos humanos, familiares y abogados denunciaron que Vallarta permaneció encarcelado sin sentencia firme, además de señalar presuntas violaciones al debido proceso y actos de tortura durante las primeras etapas de la investigación. La jueza que emitió la sentencia absolutoria concluyó finalmente que las pruebas presentadas por la acusación no permitían acreditar su responsabilidad penal.
La nueva resolución fortalece la situación jurídica de Vallarta y consolida una segunda victoria judicial consecutiva en menos de un año. Para diversos especialistas, el caso se ha convertido en un referente de los cuestionamientos al sistema de procuración de justicia mexicano, particularmente por la prolongada prisión preventiva que enfrentó el acusado sin que se dictara una sentencia condenatoria en su contra.
Con la confirmación de la absolución por parte del tribunal colegiado, Israel Vallarta suma una nueva resolución favorable y deja atrás uno de los procesos penales más prolongados y polémicos de las últimas décadas en México.
