Un reportaje publicado por The Washington Post ha revelado que altos funcionarios de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) propusieron, durante el segundo mandato de Donald Trump, llevar a cabo ataques militares en territorio mexicano como parte de una estrategia más agresiva contra los cárteles de la droga.
Las propuestas, altamente controversiales, incluían bombardeos a laboratorios clandestinos, así como asesinatos selectivos de líderes del narcotráfico. Esta revelación ha generado intensas reacciones tanto en Estados Unidos como en México, debido a sus implicaciones legales, diplomáticas y de soberanía nacional.
El papel de la DEA en la estrategia antidrogas de Trump
Según el medio estadounidense, fue Derek S. Maltz, exdirector interino de la DEA, quien confirmó que la agencia apoyaba plenamente estas acciones. Maltz declaró:
“Desde el primer mandato de Trump he estado a favor de golpear los laboratorios y a los líderes de mando en México”.
Aunque Maltz ya estaba retirado cuando hizo estas declaraciones, fue nombrado temporalmente por Trump para encabezar la DEA durante la transición de gobierno, por lo que su postura refleja el pensamiento de ciertos sectores de seguridad nacional en ese periodo.
Maltz aclaró que la intención de la DEA era simplemente “tener un lugar en la mesa” durante las discusiones sobre una nueva política exterior hacia América Latina, pero admitió que las ideas no contaban con un fundamento legal sólido.
¿Legal o ilegal? Tensiones dentro del gobierno de EE. UU.
Las propuestas provocaron divisiones dentro del gobierno de Trump, especialmente en el Pentágono y el Departamento de Estado, debido a los riesgos de violar la soberanía mexicana y a la falta de base jurídica clara.
La designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras fue una pieza clave en este intento, ya que dicha etiqueta habría permitido operaciones militares fuera del territorio estadounidense. Sin embargo, esta clasificación nunca fue oficializada, debido a las posibles consecuencias diplomáticas.
A pesar de esto, se llevaron a cabo acciones armadas contra embarcaciones con cargamentos de drogas provenientes de Venezuela, lo que evidencia que el uso de fuerza letal seguía siendo parte de la estrategia en la región.
México rechaza tajantemente cualquier interferencia
En respuesta a las revelaciones, el gobierno de Claudia Sheinbaum, actual presidenta de México, reiteró su postura de no permitir ninguna intervención extranjera en asuntos internos.
Un vocero del gobierno declaró que “la soberanía nacional no es negociable”, y recordó que la administración actual ha propuesto una reforma constitucional precisamente para blindar al país contra posibles actos de injerencia extranjera.
Además, el gobierno mexicano ha desplegado más de 10 mil soldados en la frontera norte, como parte de una estrategia de seguridad y contención ante el aumento del tráfico de drogas y personas hacia Estados Unidos.
DEA, laboratorios clandestinos y la guerra contra el fentanilo
Uno de los focos principales de la propuesta de intervención era la destrucción de laboratorios clandestinos de drogas sintéticas, en especial los utilizados para la producción de fentanilo, una sustancia que ha generado una crisis de salud pública en Estados Unidos.
La DEA ha señalado repetidamente que los cárteles mexicanos, especialmente el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), son los principales responsables de la fabricación y tráfico de fentanilo hacia EE. UU.
El gobierno estadounidense ha presionado a México para que intensifique su cooperación, pero las tensiones diplomáticas y la desconfianza mutua han dificultado una colaboración efectiva.
¿Qué consecuencias tendría una intervención militar?
Expertos en relaciones internacionales advierten que una intervención armada de Estados Unidos en México sería vista como un acto hostil y una violación grave del derecho internacional. Además, podría desatar una crisis diplomática, aumentar la violencia en las regiones afectadas y debilitar aún más la cooperación bilateral.
Incluso dentro de Estados Unidos, hay un amplio consenso en contra de la militarización del combate al narcotráfico en países aliados.
