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Esta es la lista de los 10 aspirantes finales a la FGR

Aunque oficialmente hay 43 aspirantes, ya circula un listado extraoficial de los 10 nombres con más posibilidades, en opinión de analistas y actores políticos. Entre ellos figuran perfiles con trayectoria en procuración de justicia, litigio, derecho público o administración judicial, y vinculados al partido en el poder
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La publicación de la convocatoria para relevar al titular saliente de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, activó esta semana un proceso exprés que podría definir por hasta nueve años al nuevo fiscal general de México. Una lista de 43 aspirantes cumplió con los requisitos formales: ciudadanía mexicana por nacimiento, al menos 35 años de edad, título en Derecho con 10 años de antigüedad, buena reputación y ausencia de condenas por delitos dolosos.

De ese universo de registrados, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado debe depurar y seleccionar al menos 10 candidatos o candidatas que cumplirán una primera criba institucional, para luego enviarlos a la titular del Poder Ejecutivo —la presidenta de la República—, quien elegiría una terna que regresaría al Senado, donde tras comparecencias se votaría al nuevo fiscal. El proceso se ha acelerado: la Jucopo definirá su propuesta este martes 2 de diciembre.

Aunque oficialmente hay 43 aspirantes, ya circula un listado extraoficial de los 10 nombres con más posibilidades, en opinión de analistas y actores políticos. Entre ellos figuran perfiles con trayectoria en procuración de justicia, litigio, derecho público o administración judicial. Los nombres que destacan en ese supuesto corte tanto por experiencia como por cercanía política incluyen, entre otros: Luz María Zarza Delgado (ex Directora Jurídica de Pemex); Maribel Bojorges Beltrán (trabajó en la Fiscalía CDMX con Sheinbaum); Sandra Luz González Mogollón; Ernestina Godoy Ramos; Mirna Lucía Grande Hernández (ex funcionaria en la Secretaría de Seguridad CDMX); Luis Manuel Pérez de Acha (abogado que participó en las campañas presidenciales de AMLO); Alfredo Barrera Flores; Hamlet García Almaguer (ex diputado por Morena, ligado a la Luz del Mundo); David Borja Padilla; y Miguel Nava Alvarado (expresidenta de la Comisión de DDHH en Querétaro, representó a las familias de las víctimas de la Guardería ABC), precisamente los que han sido señalados extraoficialmente como los más competitivos.

En ese grupo resalta Ernestina Godoy Ramos. En los últimos días asumió la FGR como encargada interina tras renuncia de Gertz Manero, en lo que muchos interpretan como un movimiento de preludio para su ratificación. Godoy no sólo tiene experiencia como exfiscal de la Ciudad de México y exconsejera jurídica del Ejecutivo, sino una cercanía evidente con el proyecto político que hoy conduce el país: su nombre figura como el de mayor peso público en la contienda. Para muchos, el proceso de selección es solo un protocolo para elegir a Godoy, cercana a la Presidenta.

Entre los otros perfiles, llaman la atención tanto la variedad como la estrategia: desde quienes tienen formación judicial de largo recorrido —como Alfredo Barrera Flores, con experiencia como juez y magistrado— hasta litigantes especializados en derechos humanos o corrupción, como Miguel Nava Alvarado, quien destaca por haber representado a familias afectadas en casos emblemáticos. Otras candidatas como Luz María Zarza Delgado, Maribel Bojorges Beltrán, Sandra Luz González Mogollón o Mirna Lucía Grande Hernández representan un bloque que conjuga experiencia legal, conocimiento institucional y, en algunos casos, cercanía con estructuras de gobierno.

Al mismo tiempo, hay perfiles con filiaciones políticas visibles, como Hamlet García Almaguer —ex diputado federal por Morena—, lo que anticipa que la lucha por la conducción de la Fiscalía irá más allá de la experiencia técnica: se avecina una disputa por equilibrio de poder, alianzas y lealtades dentro del bloque gobernante.

Quedan pendientes los nombres finales, pero lo que hoy se define en pasillos del Congreso y en manos del Poder Ejecutivo configurará no sólo quien llevará la estafeta de justicia, sino las prioridades institucionales de la FGR: qué delitos recibirán atención prioritaria, cómo se gestionarán los expedientes de alto impacto, de corrupción o violencia y cuál será la capacidad real de procuración de justicia en un país marcado por retos estructurales.

El país espera, más que nombres, resultados. Es lo que se juega en esta definición.

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