La difusión reciente en X por parte del periodista Jorge García Orozco sobre una lista de familiares de Ernestina Godoy Ramos ocupando cargos públicos ha puesto en el centro un debate en torno al nepotismo en la actual administración. Bajo el hashtag #FamiliasdelBienestar, se señala que varios parientes cercanos a Godoy —hija, hermanas, hermano y sobrinos— cobran jugosos salarios en dependencias tanto federales como de la Ciudad de México.
Según lo publicado, su hija Claudia Cecilia Gómez Godoy recibe un salario bruto estimado de 156 mil pesos mensuales como funcionaria de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), donde funge como directora general del proyecto “El Zapotillo”.
Otra de sus hijas, Mariana Gómez Godoy, tendría un ingreso de 82 mil pesos mensuales por un puesto en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.
Entre sus hermanas, destaca Alma Guadalupe Godoy Ramos, quien presuntamente gana 162 mil pesos mensuales en la Comisión Nacional Forestal (Conafor).
El hermano, Mario Ernesto Godoy Ramos, aparece vinculado al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Michoacán, con un salario de 73 mil pesos.
Por último, se menciona a un sobrino —identificado como Carlos Cervantes Godoy— percibiendo alrededor de 75 mil pesos mensuales como coordinador general de la autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México.
Diversos medios de investigación ya habían advertido sobre la presencia sostenida de familiares de Godoy en la nómina pública, apuntando que sus percepciones superan con creces el promedio del sector. Este fenómeno se inserta en un contexto de creciente escrutinio: recientemente, Godoy asumió como encargada de despacho de la Fiscalía General de la República (FGR), puesto clave en la estructura de seguridad nacional.
Los críticos de esta red de familiares destacan que, aun cuando los nombramientos pudieran cumplir con los requisitos formales, la concentración de puestos relevantes entre parientes cercanos plantea dudas sobre transparencia, meritocracia y equidad. Más aún en un contexto político en el que se reclama rendición de cuentas y combate al nepotismo. Por otro lado, defensores de la actual administración podrían argumentar que cada persona cuenta con perfil y preparación, independientemente de su parentesco.
El asunto va más allá de nombres y cifras: pone en tensión la convicción del gobierno por distanciarse de prácticas clientelares y de favorecer a redes familiares. En un momento en que la opinión pública exige institucionalidad y profesionalismo, la denuncia bajo #FamiliasdelBienestar representa una prueba de fuego para la administración federal: si la prioridad es justicia, ¿cómo explicar la activa participación de una misma familia en múltiples niveles del poder estatal?
