La vigilancia en las carreteras federales del país entró en una nueva fase luego de que el gobierno federal oficializó una reforma que amplía de manera significativa las atribuciones de la Guardia Nacional en materia de tránsito, supervisión vehicular y control operativo en caminos y puentes de jurisdicción federal. El decreto fue publicado el 25 de mayo en el Diario Oficial de la Federación como parte de una modificación integral al Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
La reforma otorga a la Guardia Nacional facultades directas para aplicar sanciones, inspeccionar vehículos, ordenar retiros de circulación, supervisar documentación y realizar detenciones cuando exista resistencia al cumplimiento de instrucciones oficiales. Con ello, la corporación consolida su papel como autoridad principal en materia de tránsito federal, ampliando el margen operativo que ya mantenía desde la desaparición de la Policía Federal de Caminos.
Entre las modificaciones más relevantes se encuentra el reconocimiento expreso de la prevalencia de las órdenes emitidas por elementos de la Guardia Nacional sobre otros dispositivos de control vial. El nuevo reglamento establece que las indicaciones de los integrantes de la corporación tendrán prioridad sobre semáforos, señalamientos y reglas ordinarias de circulación cuando exista intervención directa de la autoridad en carretera. Esta disposición fortalece la capacidad de reacción operativa en situaciones de emergencia, revisiones, operativos de seguridad o contingencias viales.
La reforma también faculta a la Guardia Nacional para imponer infracciones directamente a usuarios de vías federales que incumplan las disposiciones reglamentarias. Además de las multas, los agentes podrán revisar licencias, tarjetas de circulación, permisos federales y documentos relacionados con el transporte de carga y pasajeros. Asimismo, se autorizan inspecciones físico-mecánicas para verificar condiciones de seguridad de vehículos particulares y unidades de autotransporte federal.
Otro de los cambios centrales es la incorporación obligatoria de pruebas para detectar consumo de alcohol, sustancias psicotrópicas y estupefacientes entre conductores que circulen por carreteras federales. El reglamento establece que los automovilistas deberán someterse a dichas evaluaciones cuando la autoridad lo determine. En caso de negativa o resistencia a las instrucciones de la Guardia Nacional, la reforma contempla la posibilidad de detención inmediata y presentación ante el Ministerio Público.
Las nuevas disposiciones también endurecen la supervisión sobre el transporte de carga y de pasajeros. Camiones, remolques y autobuses estarán sujetos a mayores controles relacionados con bitácoras de operación, condiciones mecánicas, sistemas de frenado, documentación electrónica y vigilancia permanente en rutas federales. La autoridad podrá ordenar el retiro de unidades que representen riesgos para la seguridad vial o incumplan requisitos regulatorios.
El decreto mantiene además atribuciones que ya eran ejercidas por la Guardia Nacional en materia de patrullajes preventivos, operativos radar, filtros de seguridad, atención de accidentes y acciones contra robos y asaltos carreteros. Sin embargo, la reforma les otorga ahora un respaldo jurídico más amplio y explícito para intervenir en labores de tránsito y control vehicular.
La actualización del reglamento ocurre en un contexto de creciente presión sobre la infraestructura carretera nacional debido al aumento del transporte de mercancías derivado del nearshoring, la expansión de corredores logísticos y el incremento de robos al autotransporte en distintas regiones del país. El gobierno federal sostiene que las modificaciones buscan fortalecer la vigilancia, mejorar la capacidad de reacción operativa y reforzar la seguridad vial en las rutas federales más transitadas.
Con esta reforma, la Guardia Nacional amplía formalmente su papel más allá de las tareas estrictamente de seguridad pública y asume funciones más cercanas a una autoridad integral de tránsito federal, con capacidad de supervisión, sanción y control operativo sobre conductores y vehículos que circulen en carreteras bajo jurisdicción federal en México.
