El Gobierno de México reconoció que el país acumula más de 130 mil personas desaparecidas desde 2006, al tiempo que expuso deficiencias históricas en los mecanismos de registro y búsqueda, durante la presentación del más reciente informe oficial encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.
En la conferencia matutina de este viernes 27 de marzo de 2026, realizada en el Salón Guillermo Prieto, la mandataria, acompañada por su Gabinete de Seguridad, dio a conocer el reporte de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, considerado uno de los diagnósticos más sensibles sobre la crisis que atraviesa el país en materia de desapariciones.
De acuerdo con cifras presentadas por Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el registro reciente contabiliza 130 178 casos desde 2006, mientras que el acumulado histórico asciende a 394 645 reportes desde 1952. La dimensión de estos datos permite observar no solo la magnitud del fenómeno, sino también la complejidad de su tratamiento institucional.
El informe desglosa los casos recientes en tres grandes categorías que reflejan distintos niveles de información disponible. Un total de 46 742 registros, equivalente al 36 por ciento, carece de datos suficientes para emprender una búsqueda efectiva, lo que limita considerablemente las posibilidades de localización. En otros 40 308 casos, que representan el 31 por ciento, existen indicios de actividad posterior a la fecha de desaparición, por lo que las autoridades se encuentran en proceso de confirmar su localización formal. Finalmente, 43 128 registros, es decir, el 33 por ciento, cuentan con información suficiente para la búsqueda, aunque sin evidencia reciente de actividad institucional o administrativa.
Dentro de este último grupo se identifica una de las brechas más preocupantes en materia de acceso a la justicia. Apenas 3 869 casos cuentan con una carpeta de investigación abierta, mientras que más de 26 000 permanecen sin una indagatoria formal, lo que evidencia rezagos en la actuación ministerial y en la judicialización de los expedientes.
A pesar de la magnitud de la crisis, las autoridades federales reportaron avances en la localización de personas. Del total histórico, 262 111 han sido ubicadas, lo que equivale al 66 por ciento de los casos. Según lo expuesto en el informe, el 92 por ciento de estas personas fueron encontradas con vida y en el 96 por ciento de los casos no se identificó la comisión de un delito, lo que sugiere que una proporción considerable de desapariciones está relacionada con causas no delictivas o no confirmadas como tales.
Uno de los elementos centrales del reporte fue el reconocimiento explícito de fallas estructurales en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, particularmente en los expedientes generados antes de las reformas implementadas en 2025. Las autoridades admitieron que durante años se permitió el ingreso de reportes sin datos mínimos de identificación, lo que derivó en registros con nombres genéricos o incompletos como “Menor NN”, “Juanito” o “El Cuate”, imposibilitando su seguimiento efectivo y obstaculizando las labores de búsqueda.
Frente a este escenario, el gobierno federal puso en marcha un proceso de depuración basado en el cruce de información con diversas instituciones del Estado y del sector privado, entre ellas el Instituto Nacional Electoral, el Registro Civil, el Servicio de Administración Tributaria y compañías telefónicas. Este mecanismo ha permitido detectar casos en los que personas reportadas como desaparecidas continuaban realizando actividades cotidianas, como trámites oficiales, registros familiares o movimientos financieros.
Como resultado de estas acciones, 5 269 personas fueron localizadas y su estatus actualizado dentro del sistema. Adicionalmente, entre octubre de 2024 y marzo de 2026, las autoridades reportaron la localización de 31 946 personas, en un esfuerzo por depurar el registro y mejorar la precisión de las cifras oficiales.
El informe presentado por la administración de Sheinbaum no solo dimensiona la crisis de desapariciones en México, sino que también revela las limitaciones institucionales que han dificultado su atención durante décadas. La combinación de registros incompletos, falta de investigaciones formales y rezagos en la integración de expedientes configura un panorama que sigue representando uno de los mayores desafíos para el Estado mexicano en materia de derechos humanos y procuración de justicia.
