A seis meses de la ejecución arbitraria de las niñas Leidy y Alexa, de 11 y siete años de edad, a manos de elementos del Ejército Mexicano en Badiraguato, Sinaloa, la investigación continúa sin avances sustantivos. Así lo denunció el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que lamentó la opacidad y la persistencia de prácticas que favorecen la impunidad militar en casos de violaciones graves a los derechos humanos.
En un pronunciamiento público, la organización recordó que, pese al tiempo transcurrido, las autoridades no han informado de progresos relevantes en la investigación civil ni han garantizado que ésta se mantenga al margen del fuero castrense. “No se anuncian avances sustantivos en la investigación civil y se continúan abriendo investigaciones paralelas en fuero militar”, advirtió el Centro Prodh, al señalar que esta práctica vulnera los principios de justicia y rendición de cuentas.
El caso, que estremeció al país el pasado 6 de mayo, ocurrió cuando personal del Ejército disparó contra un vehículo en el que viajaban las dos menores junto a sus padres, presuntamente al confundirlo con una unidad de un grupo delictivo. La versión inicial, presentada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aseguró que las víctimas habían quedado en medio de un enfrentamiento, pero la familia desmintió esa narrativa y acusó directamente a los militares de haber abierto fuego sin motivo.
Actualmente, seis militares se encuentran detenidos en una prisión de Mazatlán. El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó el pasado 11 de noviembre que existen carpetas de investigación tanto en la Fiscalía General de la República como en la Fiscalía de Justicia Militar. Sin embargo, el hecho de que ambos procesos avancen de manera paralela en fueros distintos ha sido criticado por organismos de derechos humanos, que consideran que esto entorpece la rendición de cuentas y puede conducir a la impunidad.
El Centro Prodh subrayó que el asesinato de Leidy y Alexa no es un caso aislado, sino parte de un patrón de violencia y abusos por parte de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. Recordó episodios recientes como la ejecución de seis migrantes en Chiapas en octubre de 2024 y la de seis jornaleros en Tamaulipas en octubre de este año, ambos atribuidos a personal militar. Estos hechos, indicó, demuestran la urgencia de establecer “controles robustos” sobre el poder militar y de limitar su participación en funciones civiles.
La organización insistió en que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar una investigación independiente, imparcial y con enfoque de derechos humanos, y de asegurar justicia para las víctimas. En cambio, denunció que la tendencia actual muestra un reforzamiento del fuero militar y una preocupante falta de transparencia en los procesos judiciales que involucran a las fuerzas armadas.
El asesinato de las dos niñas en Sinaloa sigue siendo un recordatorio doloroso del costo humano que conlleva la militarización de la seguridad pública en México. Mientras las investigaciones continúan fragmentadas y sin resultados visibles, la exigencia de justicia por Leidy y Alexa se mantiene como una herida abierta en el corazón del país.
