El Congreso Nacional Indígena (CNI) y decenas de organizaciones nacionales e internacionales denunciaron una nueva escalada de violencia contra comunidades indígenas integradas al Concejo Indígena y Popular de Guerrero–Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), en la región de la Montaña Baja de Guerrero, donde atribuyeron al grupo criminal “Los Ardillos” ataques armados, desplazamientos forzados y actos de terror que, aseguraron, ocurren bajo la omisión de autoridades de los tres niveles de gobierno.
En un posicionamiento difundido este 10 de mayo, las organizaciones acusaron que desde el pasado 6 de mayo comunidades como Tula, Xicotlán y Acahuetán, ubicadas en el municipio de Chilapa de Álvarez, han sido blanco de agresiones armadas perpetradas por presuntos integrantes de la delincuencia organizada que operan con esquemas tácticos de tipo paramilitar.
Según el documento, los ataques habrían sido ejecutados con armas de grueso calibre y drones utilizados tanto para vigilancia como para el lanzamiento de artefactos explosivos, lo que, afirmaron, ha generado un clima de terror entre los habitantes de la zona y derivó en el desplazamiento forzado de más de 800 familias indígenas.
El comunicado sostiene que el 9 de mayo integrantes de “Los Ardillos” ingresaron a las comunidades señaladas y obligaron a cientos de familias a abandonar sus viviendas, mientras que los ataques continuaron durante el 10 de mayo. Las familias desplazadas, indicaron, fueron trasladadas hacia otras comunidades pertenecientes al CIPOG-EZ que también enfrentarían condiciones de riesgo.
Las organizaciones denunciantes señalaron que la situación ocurre pese a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió desde 2021 medidas cautelares a favor de habitantes de Tula, Xicotlán y miembros del CIPOG-EZ. Sin embargo, acusaron al gobierno estatal encabezado por la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, de no dar continuidad efectiva a dichas medidas.
En el posicionamiento, el CNI y las organizaciones firmantes acusaron omisiones institucionales por parte de autoridades municipales, estatales y federales. Afirmaron que existe permisividad frente al actuar del crimen organizado en la región y señalaron presuntas fallas en la implementación de medidas de protección para comunidades indígenas y defensores de derechos humanos.
También responsabilizaron al gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de no atender de manera efectiva las denuncias que, aseguraron, las comunidades han realizado durante años sobre la violencia atribuida a “Los Ardillos”. En el texto, los firmantes sostienen que las autoridades han minimizado el problema al considerarlo un conflicto comunitario, cuando, desde su perspectiva, se trata de una ofensiva sistemática contra poblaciones indígenas organizadas.
El comunicado incluyó además señalamientos contra elementos del Ejército mexicano y corporaciones de seguridad, al afirmar que presuntamente no intervinieron para impedir los ataques y el desplazamiento de las familias afectadas. Las organizaciones exigieron investigar la actuación de las fuerzas armadas y esclarecer si existieron omisiones durante los hechos denunciados.
Entre las exigencias planteadas al gobierno federal se encuentran el reconocimiento de la crisis de derechos humanos en la zona, la identificación y sanción de responsables materiales e intelectuales, la implementación urgente de medidas de protección, la atención inmediata a las familias desplazadas y la desarticulación del grupo criminal señalado.
El documento fue respaldado por una amplia red de organizaciones indígenas, colectivos sociales, radios comunitarias, agrupaciones defensoras de derechos humanos y colectivos internacionales de países como Francia, Alemania, Suiza, Finlandia, Bélgica y España, además de activistas y académicos vinculados a movimientos sociales y comunitarios.
La región de Chilapa y la Montaña Baja de Guerrero ha sido escenario recurrente de violencia ligada a grupos del crimen organizado y conflictos por control territorial. En años recientes, integrantes del CIPOG-EZ han denunciado asesinatos, amenazas y ataques armados contra sus comunidades, así como desplazamientos forzados derivados de la presencia de grupos criminales en la zona.
