La Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Sudán, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha solicitado la ampliación del embargo de armas a todo el país, tras documentar graves violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas beligerantes en el conflicto. En su primer informe, publicado el 6 de septiembre de 2024, la misión asegura que tanto las Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS) como las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), junto a sus respectivos aliados, han perpetrado crímenes que podrían considerarse crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Desde el inicio del conflicto en abril de 2023, la guerra se ha extendido a 14 de los 18 estados sudaneses, generando una crisis humanitaria sin precedentes. Hasta el momento, el conflicto ha dejado más de ocho millones de desplazados internos y ha forzado a más de dos millones de personas a buscar refugio en países vecinos. Además, más de 18.000 personas han perdido la vida y decenas de miles más han resultado heridas.
El informe denuncia ataques indiscriminados y a gran escala contra civiles, así como bombardeos sobre hospitales, escuelas y otras infraestructuras críticas, como redes de comunicación y suministros de agua y electricidad. Los investigadores subrayaron que ambos bandos han mostrado un “total desprecio” por la protección de los civiles, violando sistemáticamente el derecho internacional humanitario.
En Darfur Occidental, la misión documentó ataques sistemáticos y de base étnica contra la población no árabe, en particular contra el pueblo masalit. Según el informe, las milicias aliadas de la RSF llevaron a cabo brutales asesinatos, violaciones y torturas, dirigiéndose específicamente contra hombres masalit y atacándolos en sus hogares, muchas veces frente a sus familias. Los investigadores también señalaron que la violencia sexual ha sido empleada de manera generalizada, con mujeres y niñas sufriendo agresiones sexuales masivas y esclavitud sexual.
A pesar de la falta de cooperación del gobierno de Sudán, la misión logró entrevistar a 182 sobrevivientes y testigos, y corroboró sus hallazgos a través de consultas con expertos y activistas de la sociedad civil. Ante la gravedad de los crímenes documentados, los expertos en derechos humanos instaron a la comunidad internacional a tomar medidas inmediatas para frenar la violencia.
La misión también recomendó el establecimiento de una fuerza de paz internacional, ya sea bajo el mandato de la ONU o de una organización regional, para proteger a los civiles ante la incapacidad de las fuerzas sudanesas para garantizar su seguridad. Asimismo, subrayaron la necesidad de rendición de cuentas, pidiendo la creación de un tribunal especial que juzgue a los responsables de estos crímenes. “La impunidad en conflictos anteriores ha alimentado la violencia actual”, advirtió Mohamed Chande Othman, presidente de la misión.
En un contexto donde el colapso de la ley y el orden es total, el informe concluye que la única forma de detener las hostilidades y proteger a los civiles es privar a las partes beligerantes de armas y municiones, así como asegurar que los responsables enfrenten la justicia.
Con información de Noticias ONU
