El panorama financiero para el sector de seguros en México ha experimentado una transformación drástica a partir de la implementación de la Ley de Ingresos 2026. El núcleo de esta modificación radica en el tratamiento fiscal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) asociado a las indemnizaciones. Bajo el esquema anterior, cuando una aseguradora liquidaba una factura por servicios de reparación vehicular en talleres o servicios hospitalarios, el IVA de dichas transacciones era acreditable. Esto permitía a las instituciones financieras reducir su carga tributaria ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), funcionando como un mecanismo de compensación que mantenía la rentabilidad del sector y la estabilidad de los precios para el consumidor final.
Sin embargo, con la entrada en vigor del nuevo marco legal, este beneficio fiscal ha sido revocado. El IVA pagado en el cumplimiento de las pólizas ha dejado de ser deducible, transformándose en un gasto corporativo directo que las empresas deben absorber en su totalidad. Las consecuencias financieras de esta decisión gubernamental no se han hecho esperar, manifestándose con especial dureza en los reportes de utilidades del primer trimestre del año.
De acuerdo con los datos financieros más recientes, Grupo Nacional Provincial (GNP) ha registrado una contracción en sus utilidades del 59%, lo que representa una pérdida neta de 3,108 millones de pesos. Por su parte, Quálitas, líder en el ramo automotriz, ha visto una reducción del 12% en su valor dentro de la Bolsa Mexicana de Valores, lo que equivale a una evaporación de 8,860 millones de pesos en capitalización de mercado. Otras entidades de relevancia internacional, como AXA, MetLife y Mapfre, también han reportado impactos que oscilan entre los 680 y los 1,850 millones de pesos, evidenciando que el fenómeno es sistémico y no exclusivo de una sola firma.
Ante este escenario de pérdida de margen operativo, las aseguradoras han comenzado a ejecutar planes de contingencia que impactan directamente al usuario. El mecanismo de ajuste más inmediato es el incremento de las primas de renovación. Quálitas ya ha proyectado un encarecimiento de hasta el 5% en sus pólizas de auto, mientras que Mapfre ha confirmado ajustes tarifarios escalonados a partir del segundo trimestre de 2026. La postura del sector es uniforme: debido a que el costo de operación ha subido por la vía impositiva, una fracción significativa de este impacto será transferida a los asegurados.
Es importante señalar que, si bien el Gobierno Federal alcanzó un acuerdo para condonar impuestos no pagados correspondientes a ejercicios fiscales de 2024 y años anteriores, la rigurosidad de la ley para el ejercicio 2025 y 2026 se mantiene firme. Esto implica que el costo de los servicios de protección, tanto patrimonial como de salud, sufrirá una inflación técnica derivada de la política fiscal. El consumidor final deberá prever ajustes al alza en sus presupuestos anuales destinados a seguros, ya que la deducibilidad del IVA ha dejado de ser un factor de equilibrio en la estructura de costos de las aseguradoras mexicanas.
