El Servicio de Administración Tributaria colocó en fase de ejecución para posible embargo a dos empresas vinculadas a figuras visibles del entorno político de la llamada Cuarta Transformación, tras determinar adeudos fiscales que se arrastran desde 2020 y 2021, respectivamente. Se trata de Argos Producciones, relacionada con Epigmenio Ibarra, y de IBN Industrias de Inteligencia Artificial y Alta Tecnología Balística, asociada a Arturo Ávila Anaya, actual vocero de los diputados de Morena.
De acuerdo con documentos oficiales consultados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en ambos casos la autoridad fiscal determinó créditos fiscales millonarios que, al no ser cubiertos ni garantizados durante su impugnación, crecieron con el paso del tiempo debido a actualizaciones por inflación, recargos, multas y gastos de ejecución. El resultado ha sido la emisión de mandamientos de ejecución, paso previo al embargo de bienes para asegurar el cobro.
En el caso de Argos Producciones, el origen del adeudo se remonta a febrero de 2020 por concepto de impuesto sobre la renta, pagos provisionales y retenciones no enteradas. El crédito fiscal fue determinado el 7 de diciembre de 2022 y notificado días después, con un plazo legal que venció en febrero de 2023 para cubrir el monto o garantizar su pago. La empresa optó por impugnar la resolución sin presentar garantía alguna, lo que permitió que la deuda continuara incrementándose.
Para febrero de 2026, el SAT ya había emitido el mandamiento de ejecución. El monto asciende a 8 millones 690 mil pesos, según consta en un oficio dirigido al domicilio fiscal de la empresa en Tlalnepantla. La cifra es superior al adeudo original debido a la acumulación de recargos, sanciones y actualización inflacionaria durante más de seis años de incumplimiento.
El caso adquiere dimensión pública por el perfil de Epigmenio Ibarra, productor y comentarista que ha respaldado de forma constante el proyecto político del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la actual presidenta Claudia Sheinbaum. Este contexto contrasta con el historial fiscal de la empresa, que además recibió financiamiento público.
En 2020, en el contexto de la pandemia, Argos accedió a un crédito de hasta 150 millones de pesos otorgado por el banco de desarrollo Bancomext, pese al discurso gubernamental de evitar rescates empresariales. A seis años de distancia, dicho financiamiento no ha sido liquidado. A ello se suman condonaciones fiscales otorgadas previamente a empresas vinculadas al grupo Argos entre 2020 y 2022 por un monto acumulado de 8 millones 862 mil pesos, incluyendo dos beneficios directos a Argos Producciones.
El segundo caso corresponde a IBN Industrias de Inteligencia Artificial y Alta Tecnología Balística, empresa ligada a Arturo Ávila Anaya, cuyo adeudo se originó en omisiones fiscales de 2021, cuando el hoy legislador encabezaba la compañía. El SAT determinó el crédito el 10 de junio de 2024 y otorgó un plazo que venció en agosto de ese año para cubrir o garantizar el pago, lo cual tampoco ocurrió.
El adeudo total asciende a 2 millones 593 mil pesos. La cifra original, de poco más de 1.5 millones, prácticamente se duplicó tras la incorporación de actualizaciones, recargos, multas y gastos de ejecución. El 13 de marzo de 2026, la autoridad fiscal emitió el mandamiento de ejecución correspondiente.
Los documentos revisados permiten reconstruir el crecimiento del pasivo: la actualización por inflación elevó el monto a más de 1.7 millones de pesos, a lo que se añadieron recargos superiores a 700 mil pesos, multas por más de 800 mil y gastos administrativos adicionales. Al igual que en el caso de Argos, la empresa optó por litigar el adeudo sin garantizarlo.
El periodo en que se generaron las omisiones fiscales coincide con la vigencia de contratos públicos relevantes. Durante 2021 y 2022, IBN mantuvo convenios con dependencias federales, entre ellos uno con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para servicios de seguridad por hasta 3.5 millones de pesos mensuales, así como contratos con Petróleos Mexicanos para arrendamiento de vehículos blindados por montos superiores a los 18 millones de pesos en conjunto.
Estos contratos fueron objeto de observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación, que detectó inconsistencias en la entrega de bienes y en la verificación de requisitos técnicos, además de señalar que algunos convenios no habían sido finiquitados tras su conclusión. A estos antecedentes se suma la inhabilitación de la empresa en marzo de 2021 por parte de la Secretaría de la Función Pública para celebrar contratos con el gobierno durante dos años, derivada de incumplimientos detectados por el Órgano Interno de Control del Banco del Bienestar.
Los expedientes de ambas compañías muestran un patrón coincidente: adeudos fiscales prolongados, impugnaciones sin garantía de pago y crecimiento sostenido de las deudas hasta alcanzar la fase de ejecución. En este punto, la autoridad puede proceder al embargo de bienes para recuperar los montos determinados.
El caso también introduce un elemento de contraste en el discurso público. Mientras Arturo Ávila Anaya ha sostenido posicionamientos a favor del cumplimiento fiscal por parte del sector empresarial, los registros del SAT indican que la empresa que encabezó incurrió en omisiones tributarias que hoy derivan en un procedimiento de cobro forzoso. De manera similar, la cercanía política de Epigmenio Ibarra con el proyecto gubernamental convive con un adeudo que ha crecido durante años sin ser cubierto ni asegurado.
