La cancelación de autorizaciones para recibir donativos deducibles a más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha adquirido una nueva dimensión tras ser contrastada con el otorgamiento expedito de ese mismo estatus a una asociación civil vinculada a una solicitud pública de recursos para apoyo internacional impulsada desde el poder político.
Como se informó, la autoridad fiscal encabezada por Antonio Martínez Dagnino determinó retirar la calidad de donatarias autorizadas a más de 100 organizaciones bajo el argumento de incumplimiento de requisitos establecidos en la legislación vigente. Entre las afectadas figuran Mexicanos Primero, México Evalúa, Instituto Mexicano para la Competitividad y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, todas con trayectoria en la evaluación crítica de políticas públicas.
En paralelo, ha sido objeto de cuestionamientos el caso de la asociación civil Humanidad con América Latina, la cual obtuvo en un periodo breve la autorización para recibir donativos deducibles, en un contexto en el que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado público a reunir recursos para apoyar a Cuba ante la crisis económica derivada de sanciones y restricciones comerciales.
De acuerdo con información difundida en su momento, la organización fue habilitada como donataria autorizada en un lapso significativamente menor al que usualmente enfrentan asociaciones civiles en trámites similares, lo que ha sido interpretado por analistas y actores del sector como un trato diferenciado dentro del mismo marco regulatorio.
El contraste resulta particularmente relevante si se considera que la revocación masiva reciente se sustenta, según el SAT, en la falta de cumplimiento de requisitos formales, así como en cambios normativos que han complicado la acreditación de actividades, especialmente en el ámbito científico y tecnológico. No obstante, organizaciones afectadas han señalado que se encuentran en proceso de solventar observaciones y han defendido el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Especialistas consultados advierten que la coexistencia de criterios restrictivos para algunas organizaciones y la celeridad en la autorización de otras puede impactar en la percepción de imparcialidad institucional. En particular, subrayan que la autorización para recibir donativos deducibles del Impuesto sobre la Renta constituye un incentivo central para la sostenibilidad financiera del sector, por lo que su otorgamiento o retiro tiene efectos directos en la operación de las asociaciones.
En este contexto, voces de la sociedad civil han insistido en que el marco regulatorio debe aplicarse de manera uniforme y transparente. Saskia Niño de Rivera ha sostenido que las organizaciones cumplen una función que el Estado no puede cubrir en su totalidad, mientras que Michael Chamberlin ha advertido que limitar incentivos fiscales puede debilitar la participación ciudadana organizada.
Desde el ámbito académico, Carlos Torres ha señalado que la inclusión en el listado de organizaciones con posturas críticas frente a políticas gubernamentales añade un componente político al análisis, particularmente cuando se observa en contraste con casos donde la autorización se otorgó con rapidez en contextos alineados con prioridades del Ejecutivo federal.
La comparación entre ambos procesos no implica, por sí misma, una ilegalidad, pero sí ha abierto cuestionamientos sobre la consistencia en la aplicación de criterios por parte de la autoridad fiscal. En un entorno donde la relación entre el gobierno y la sociedad civil ha experimentado transformaciones en los últimos años, el debate se desplaza hacia la necesidad de garantizar condiciones equitativas para todas las organizaciones, independientemente de su agenda o posicionamiento público.
