El vicefiscal general del estado de Sinaloa, Dámaso Castro Zaavedra, presentó una solicitud de licencia sin goce de sueldo tras ser señalado en una investigación del gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado. La decisión ocurre en un contexto de alta tensión política y judicial en la entidad, luego de múltiples separaciones de funcionarios señalados en la misma indagatoria internacional.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, la solicitud fue presentada el 5 de mayo de 2026 y se encuentra sustentada en diversos artículos constitucionales y en la Ley Orgánica de la institución. El funcionario afirmó su disposición para colaborar con cualquier requerimiento legal derivado del caso.
Separación del vicefiscal de Sinaloa: contexto del caso
La salida temporal de Castro Zaavedra se suma a una serie de movimientos dentro de la estructura política y de seguridad del estado, tras la difusión de una investigación internacional.
En días recientes también solicitaron licencia el gobernador Rubén Rocha Moya y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, ambos señalados en la misma investigación. Estas decisiones han provocado un reacomodo institucional en Sinaloa y un aumento en la presión sobre figuras políticas y de seguridad.
¿De qué acusan al vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra?
Las autoridades estadounidenses acusan al funcionario de presuntos vínculos con una estructura del crimen organizado, específicamente relacionada con la facción conocida como “Los Chapitos”, del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con la información difundida, enfrenta tres cargos principales:
- Conspiración para la importación de narcóticos
- Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos
- Conspiración para la posesión de armas de uso exclusivo
Además, se le atribuye haber recibido presuntos sobornos mensuales, identificados en registros bajo el alias “Culiacán Regio”, con pagos aproximados de 200 mil pesos.
Presunta red de protección a “Los Chapitos”
La investigación señala que el exvicefiscal habría utilizado su cargo para facilitar operaciones de dicha organización criminal.
Según las autoridades estadounidenses, Castro Zaavedra habría protegido a integrantes de la facción criminal para evitar detenciones, mientras orientaba a corporaciones locales a detener a grupos rivales.
Lista de funcionarios señalados en la investigación internacional
La acusación presentada por Estados Unidos incluye a diez personas, entre ellas exfuncionarios, autoridades en funciones y empresarios:
- Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa
- Enrique Inzunza Cázares, senador por Morena
- Enrique Díaz Vega, exsecretario estatal de Finanzas
- Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal con licencia
- Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de Policía de Investigación
- Alberto Jorge Contreras Núñez “Cholo”, exfuncionario policial
- Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública
- José Antonio Dionisio Hipólito “Tornado”, exmando policial
- Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia de Culiacán
- Juan Valenzuela Millán “Juanito”, mando policial municipal
Postura oficial de la Fiscalía de Sinaloa
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó la recepción de la solicitud de licencia del vicefiscal y detalló el marco legal en el que se sustenta su decisión.
En su comunicado oficial, la institución señaló que el funcionario expresó su disposición para atender cualquier requerimiento “por las vías legales correspondientes y en estricto apego al marco jurídico”.
Repercusiones políticas en Sinaloa tras la separación del cargo
La salida de Castro Zaavedra incrementa la atención sobre otras figuras señaladas en la investigación, particularmente el senador Enrique Inzunza Cázares, quien hasta el momento ha decidido permanecer en funciones.
El caso ha intensificado el escrutinio sobre autoridades estatales y municipales, en un contexto donde las acusaciones provenientes de Estados Unidos han generado movimientos simultáneos dentro del gobierno de Sinaloa.
Las acusaciones aún no han sido judicializadas en México, pero forman parte de una investigación federal en Estados Unidos que sigue en curso. Mientras tanto, las autoridades estatales han comenzado procesos administrativos para atender las solicitudes de separación de cargo.
