En medio de un conflicto político y judicial en Baja California, el exgobernador Jaime Bonilla Valdez lanzó acusaciones directas contra la actual mandataria estatal, Marina del Pilar Ávila Olmeda, a quien señaló de presuntamente encabezar una red de tráfico y distribución de drogas junto con su exesposo y colaboradores cercanos, sin presentar evidencia pública que respalde dichas afirmaciones.
Durante una entrevista radiofónica en W Radio, Bonilla aseguró que la gobernadora estaría vinculada a estas actividades ilícitas junto a “un buen número de colaboradores”, e incluso afirmó que cuatro de ellos —presuntamente adscritos a corporaciones de seguridad estatal— habrían sido detenidos en la frontera de San Ysidro mientras transportaban droga.
El exmandatario fue más allá al sostener que los señalamientos estarían “comprobados”, y adelantó que en las próximas semanas daría a conocer información adicional para sustentar sus dichos.
Las acusaciones surgen en un contexto de confrontación política entre ambos personajes. Apenas en días recientes, Bonilla fue vinculado a proceso por presuntos delitos de corrupción relacionados con contratos públicos durante su administración, en un caso impulsado por el actual gobierno estatal encabezado por Ávila. Este proceso judicial ha profundizado la disputa entre ambos actores políticos, quienes han intercambiado señalamientos en distintos espacios públicos.
De manera paralela, existe una investigación federal en curso que involucra al exesposo de la gobernadora, Carlos Torres, quien es indagado por la Fiscalía General de la República por presuntos delitos relacionados con narcotráfico, tráfico de armas y lavado de dinero. La propia mandataria ha confirmado la existencia de esta investigación, la cual se originó a partir de una denuncia anónima y no implica, hasta ahora, imputaciones directas en su contra.
Hasta el momento, ninguna autoridad judicial o ministerial ha informado sobre investigaciones abiertas contra la gobernadora por los hechos señalados por Bonilla. Tampoco se han hecho públicos expedientes que vinculen de manera directa a la titular del Ejecutivo estatal con redes de tráfico de drogas.
En este escenario, las declaraciones de Bonilla se suman a una escalada de tensiones en Baja California, donde coinciden investigaciones judiciales, señalamientos cruzados y un entorno político marcado por la confrontación entre actores que hasta hace pocos años compartían el mismo proyecto partidista.
