La ministra Yasmín Esquivel Mossa fijó una postura crítica frente a la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que valida la posibilidad de congelar cuentas bancarias a particulares sin orden judicial, al sostener que la medida, en sus términos actuales, carece de la precisión normativa necesaria y puede vulnerar la certeza jurídica de los ciudadanos.
A través de un mensaje difundido en la red social X, la integrante del máximo tribunal subrayó que el ejercicio de facultades estatales que afectan directamente el patrimonio de las personas debe estar sujeto a reglas claras, previamente definidas en la ley. En su posicionamiento, advirtió que permitir el congelamiento de recursos sin establecer con exactitud los supuestos, procedimientos y justificaciones abre la puerta a decisiones basadas en criterios ambiguos o indeterminados.
La ministra enfatizó que, si bien el combate al crimen es una tarea indispensable del Estado mexicano, este no puede realizarse a costa de debilitar principios fundamentales como la seguridad jurídica. En ese sentido, sostuvo que los ciudadanos no deben quedar expuestos a medidas que, por su falta de delimitación normativa, puedan aplicarse de manera discrecional.
Esquivel Mossa precisó que su voto fue en contra dentro de la acción de inconstitucionalidad 58/2022, en la que el pleno de la Corte analizó las facultades relacionadas con el congelamiento de cuentas, una herramienta vinculada a las atribuciones de instancias como la Unidad de Inteligencia Financiera en el combate a operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La resolución del máximo tribunal ha generado un debate jurídico relevante sobre el equilibrio entre la eficacia de las medidas contra el crimen organizado y la protección de derechos fundamentales. Mientras una mayoría de ministros respaldó la constitucionalidad de estas facultades en determinados contextos, la postura de Esquivel se suma a las voces que advierten sobre la necesidad de fortalecer el marco legal para evitar posibles excesos.
El pronunciamiento de la ministra coloca en el centro de la discusión la exigencia de que cualquier intervención estatal que limite el acceso de una persona a sus recursos financieros esté sustentada en normas claras, precisas y previsibles, en consonancia con los principios constitucionales que rigen el Estado de derecho en México.
