El asesinato del defensor ambiental Lázaro Mendoza Ramírez quedó confirmado por autoridades de Michoacán tras el hallazgo de sus restos calcinados al interior de una camioneta en el municipio de Salvador Escalante, luego de varios días en que se le reportó como desaparecido en la región lacustre del estado.
De acuerdo con información oficial de la Fiscalía General del Estado, la identidad del activista fue corroborada mediante pruebas de ADN realizadas a los restos localizados en un vehículo incendiado en un camino de terracería, en las inmediaciones de la comunidad de Paramuén, donde había sido visto por última vez el pasado 14 de abril.
El hallazgo del vehículo con un cuerpo en su interior ocurrió desde el 15 de abril, en una zona rural del municipio, sin embargo, fue hasta días después cuando los análisis genéticos permitieron confirmar plenamente que se trataba de Mendoza Ramírez, de 51 años, quien se desempeñaba como defensor ambiental en esa región.
La desaparición del activista fue denunciada formalmente el 16 de abril, lo que detonó movilizaciones de comuneros y habitantes de la zona lacustre, quienes emprendieron bloqueos carreteros —particularmente en la autopista Siglo XXI— y exigieron su localización con vida ante el creciente clima de inseguridad que enfrenta la entidad.
Durante las diligencias ministeriales, autoridades reportaron el aseguramiento de indicios en un predio vinculado al activista, entre ellos objetos personales, rastros de sangre y casquillos percutidos, lo que apunta a que en ese sitio pudo haberse perpetrado una agresión previa a su asesinato. Pese a ello, la fiscalía estatal señaló que hasta el momento no existían denuncias formales por amenazas en su contra, por lo que todas las líneas de investigación permanecen abiertas.
El crimen provocó condenas inmediatas en el ámbito local. Funcionarios municipales calificaron el asesinato como un golpe directo contra quienes defienden el territorio y los recursos naturales en Michoacán, además de reflejar el nivel de violencia que persiste en diversas regiones del estado. También exigieron la intervención coordinada de autoridades estatales y federales para evitar la impunidad en el caso.
La muerte de Mendoza Ramírez se suma a una serie de agresiones contra defensores ambientales y líderes comunitarios en Michoacán, una entidad marcada por disputas territoriales, presencia del crimen organizado y conflictos por el control de recursos naturales, lo que ha colocado a activistas en una situación de alta vulnerabilidad.
