A casi 15 años del inicio del litigio, una sentencia federal reconoció derechos fundamentales del pueblo wixárika sobre su territorio sagrado de Wirikuta, pero dejó vigentes al menos 20 concesiones mineras fuera del polígono del área natural protegida, lo que, junto con un contexto de inseguridad creciente, mantiene abierta la disputa en la región.
El fallo corresponde al juicio de amparo 819/2011 y fue emitido el 11 de marzo de 2026 por el Juzgado Cuarto de Distrito en San Luis Potosí. La resolución ordena la cancelación de 43 concesiones mineras dentro del área natural protegida y reconoce el derecho a la autodeterminación del pueblo wixárika, así como su vínculo “indisoluble” con el territorio. Además, establece la obligación de realizar consultas previas desde el momento en que se soliciten concesiones y dispone la traducción de la sentencia a lengua wixárika.
Sin embargo, autoridades tradicionales y representantes del Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta consideran que el fallo es incompleto. De acuerdo con Sofía García Mijares, coordinadora de comunicación del Consejo, permanecen vigentes 20 concesiones en la zona de influencia y existen otras 14 que ya caducaron, mientras que dentro del área natural protegida operaban 17 empresas mineras distintas. Fuera del polígono, la mayoría de los títulos corresponde a First Majestic Silver Corp, dedicada a la extracción de plata y oro para mercados internacionales.
Las comunidades wixárika sostienen que la sentencia no valoró adecuadamente pruebas relacionadas con la sobreexplotación de acuíferos ni con los impactos ambientales de la minería. Ante ello, el 30 de marzo interpusieron un recurso de revisión que será analizado por un Tribunal Colegiado en San Luis Potosí, cuyo plazo de resolución podría extenderse hasta un año.
El territorio en disputa abarca más de 140 mil hectáreas y concentra una alta diversidad biológica, además de un profundo significado espiritual. Para el pueblo wixárika, Wirikuta no sólo es un espacio geográfico, sino el origen de su cosmovisión. “Es la cuna de nuestro pueblo, de donde proviene nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestra vida”, expresó García Mijares.
Desde la perspectiva comunitaria, la defensa del territorio también responde a una urgencia ambiental. Pedro Frausto de la Cruz, integrante de la mayordomía de San Sebastián Teponahuaxtlán, subrayó que la protección de Wirikuta implica preservar especies únicas que no existen en otros lugares. Asimismo, cuestionó que la sentencia limite el consentimiento indígena únicamente a casos de desplazamiento, pese al decreto federal del 9 de agosto de 2023 que prohíbe nuevas concesiones en sitios sagrados.
A la disputa legal se suma un deterioro en las condiciones de seguridad. Autoridades wixárika han reportado la presencia de grupos armados desde 2020 en la región donde convergen Jalisco, Durango, Nayarit y Zacatecas. Habitantes de comunidades como San Sebastián Teponahuaxtlán, Tuxpan y Santa Catarina Coexcomatitlán denuncian retenes, despojos de vehículos, amenazas, secuestros y asesinatos, entre ellos los de Miguel Vázquez Torres y Agustín Vázquez Torres.
Según testimonios recogidos por el Consejo Regional Wixárika, la retirada de fuerzas de seguridad en la zona ha dejado a las comunidades en una situación de vulnerabilidad. Las autoridades tradicionales demandan el restablecimiento de operativos y vigilancia permanente, particularmente en caminos donde se han registrado hostigamientos.
En paralelo, las comunidades han implementado mecanismos propios para proteger sus prácticas culturales, como una guía de peregrinación que se entrega a autoridades para evitar incidentes durante sus recorridos rituales.
La exigencia central se mantiene sin cambios: la cancelación definitiva de todas las concesiones mineras, incluidas las ubicadas fuera del área natural protegida, debido a su impacto en los acuíferos, la biodiversidad y especies protegidas como el hikuri, planta sagrada utilizada en ceremonias.
Para líderes comunitarios como Higinio Hernández Carrillo, la disputa trasciende lo legal y económico. “Wirikuta no es un lugar, es nuestro corazón. No queremos que las empresas mineras destruyan nuestro lugar sagrado”, afirmó.
Pese al reconocimiento judicial, la persistencia de concesiones y la presencia de violencia en la región mantienen a Wirikuta como un territorio en tensión, donde convergen derechos indígenas, intereses extractivos y una creciente crisis de seguridad.
