El 26 de noviembre de 2025 quedará marcado con sangre en la historia de la comunidad San Lorenzo de Azqueltán, en el municipio de Villa Guerrero, Jalisco. Esa tarde, en el predio comunal conocido como El Caracol, un ataque armado cobró la vida del representante agrario de la comunidad, Marcos Aguilar Rojas, y dejó gravemente herido a su hermano, Gabriel Aguilar Rojas. Mientras su hermano luchaba por sobrevivir, la comunidad se estremecía ante una pérdida que ahonda una vez más la crisis de violencia y despojo que ha padecido por décadas.
Para los habitantes de Azqueltán, el homicidio de Marcos no fue un acto fortuito, sino el desenlace de una cadena de agresiones sistemáticas: amenazas, invasiones territoriales, hostigamiento armado, desplazamientos forzados y una impunidad estructural que, según ellos, ha funcionado como blindaje para los agresores. Denuncian que los presuntos responsables — identificados como miembros de familias de pequeños propietarios y caciques locales — han operado con el aval tácito o explícito de autoridades municipales, estatales y operadores judiciales locales.
Tras el crimen, la comunidad se declaró en alarma máxima. El 30 de noviembre, comuneros aglutinados en el Congreso Nacional Indígena (CNI) recuperaron simbólicamente el predio El Caracol, que se encuentra en disputa legal desde hace más de una década — 39,000 hectáreas de territorio ancestral que los wixárikas y tepehuanos reclaman ante el Tribunal Unitario Agrario. Esa restitución fue acompañada de un llamado colectivo: “Que se castigue a los responsables, y que se respete nuestro derecho a la tierra, a la vida, a nuestra autonomía.”
La respuesta que la comunidad exige es amplia: no basta con las detenciones. Denuncian irregularidades en la investigación: muestras de residuos de disparo que no fueron tomadas, abogados defensores que negaron exámenes balísticos, jueces que rechazaron solicitudes, dilaciones procesales, todo lo cual apunta —según ellos— hacia una red de complicidades institucionales. Por ello, advierten que este crimen no debe quedar en las estadísticas de violencia rural, sino servir de vértice para desenmascarar una estrategia sistemática de despojo.
En los días recientes, la comunidad de Azqueltán, apoyada por colectivos de derechos humanos, activistas indígenas y ciudadanos de distintas latitudes, lanzó la convocatoria a las Jornadas por la Vida en Azqueltán, una serie de acciones de visibilización, movilización y exigencia de justicia que se desarrollan del 6 al 10 de diciembre de 2025. Entre las actividades figuran manifestaciones en distintas partes del país y del mundo, así como una velada realizada en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), donde se denunció que el asesinato de Marcos no es un hecho aislado, sino parte de un patrón donde al menos 10 defensoras y defensores han sido asesinados durante el último año.
Para la comunidad wixárika-tepehuana, la muerte de Marcos Aguilar representa algo más que la pérdida de un líder agrario: es un intento de quebrar la resistencia de un pueblo que se aferra a su ancestralidad, su dignidad colectiva y su derecho a existir como tal. Frente al silencio institucional y al despojo avalado por el poder local, su grito resuena con fuerza: “Justicia ahora”.
