La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, confirmó que no asistirá a la reunión convocada en el Senado de la República para explicar la presencia de presuntos agentes de la Agencia Central de Inteligencia en operativos de seguridad en la entidad, en una decisión que intensifica la tensión institucional en torno a un caso con implicaciones políticas, legales y económicas.
La postura de la mandataria fue comunicada de forma directa al periodista Ciro Gómez Leyva, a quien respondió mediante un mensaje que no acudiría al llamado legislativo. “No vamos a asistir hoy al Senado porque no es obligatorio. Nosotros le rendimos cuentas a nuestra gente, no al Senado”, expresó la gobernadora, fijando así una posición de autonomía frente al Poder Legislativo federal. También se dio a conocer una carta dirigida al Senado donde, entre otras cosas argumenta que no asiste para no “comprometer información de caracter confidencial o clasificada”.
El Senado había extendido una invitación para que la titular del Ejecutivo estatal compareciera ante comisiones legislativas con el objetivo de esclarecer la participación de ciudadanos estadounidenses —identificados por diversos reportes como agentes— en operativos contra el crimen organizado en Chihuahua. La convocatoria se enmarca en una crisis política detonada por la muerte de cuatro personas en un accidente, entre ellas dos estadounidenses vinculados al caso.
El episodio ha escalado rápidamente a nivel nacional. La controversia no solo involucra la legalidad de la cooperación en materia de seguridad con agencias extranjeras, sino también el equilibrio entre los distintos órdenes de gobierno. La legislación mexicana establece que cualquier colaboración con autoridades extranjeras debe contar con autorización del gobierno federal, lo que ha sido uno de los puntos centrales del cuestionamiento político hacia la administración estatal.
En paralelo, el caso ya provocó consecuencias institucionales relevantes. La renuncia del fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, se dio en medio de cuestionamientos por omisiones en la cadena de información y coordinación, lo que elevó la presión sobre la gobernadora y colocó el tema en la agenda nacional.
Desde el ámbito político, la negativa de Campos a acudir al Senado introduce un elemento adicional de confrontación. Mientras legisladores buscaban una comparecencia para deslindar responsabilidades y clarificar el alcance de la colaboración con agentes extranjeros, la gobernadora optó por desestimar el carácter obligatorio de la invitación, subrayando que su rendición de cuentas se limita a la ciudadanía que la eligió.
La decisión de la gobernadora de no comparecer ante el Senado no cierra el episodio, sino que lo reconfigura como un conflicto de competencias y responsabilidades entre niveles de gobierno, en un momento en que la coordinación en seguridad se mantiene como uno de los principales retos estructurales del país.
