Diez sinaloenses, entre funcionarios activos y retirados, fueron acusados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico. El caso revela un mosaico de perfiles: desde un empresario multimillonario con múltiples compañías hasta pensionados y exfuncionarios sin declaración patrimonial registrada, de acuerdo con documentos oficiales y reportes públicos.
El pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer una acusación formal contra diez personas vinculadas a la política y seguridad en Sinaloa.
La imputación fue presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que señala a los implicados por presunto tráfico de drogas y posesión ilegal de armas, además de supuestos vínculos con la facción criminal conocida como Los Chapitos.
Declaraciones patrimoniales: millonarios, pensionados y asalariados
El análisis de las declaraciones patrimoniales muestra una diversidad de perfiles económicos entre los acusados.
El empresario millonario con 10 empresas
El exdirector de Finanzas, Enrique Díaz Vega, destaca como el perfil con mayores ingresos.
En su declaración de 2024 reportó:
- Ingresos por 7 millones 820 mil 985 pesos, principalmente de actividad empresarial.
- Propiedad de al menos 10 empresas registradas en Culiacán.
- Compra de terrenos de contado por más de 2.9 millones de pesos.
- Adquisición de autos de lujo como BMW y Lexus, incluyendo uno cercano a los 2 millones de pesos.
Entre sus empresas figuran Comercial Digax, Urbaland y Olympo Farms, entre otras, algunas vinculadas con socios empresariales relevantes.
Entre los señalados también hay perfiles con ingresos por jubilación.
El gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, reportó:
- Ingresos anuales por 2.3 millones de pesos.
- Tres pensiones: de la Universidad Autónoma de Sinaloa, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del ISSSTE.
- Un vehículo Volkswagen ganado en rifa y otro Mercedes Benz adquirido a crédito.
Por su parte, el senador Enrique Inzunza Cázarez declaró ingresos por 1.6 millones de pesos derivados de su jubilación como expresidente del Supremo Tribunal de Justicia estatal, además de la compra de un automóvil clásico GMC.
Otros implicados reportaron ingresos por salarios públicos:
- Juan de Dios Gámez Mendívil: 677 mil pesos anuales y una vivienda adquirida en 2015.
- Gerardo Mérida Sánchez: 1.5 millones de pesos y un vehículo Mercedes Benz.
- José Antonio Dionisio Hipólito: ingresos por 353 mil pesos, sin bienes registrados.
Cuatro exfuncionarios sin declaración patrimonial
Un aspecto relevante del caso es la ausencia de información pública de cuatro implicados:
- Juan Valenzuela Millán
- Dámaso Castro Saavedra
- Marco Antonio Almanza Avilés
- Alberto Jorge Contreras Núñez
En estos casos, no se encontraron declaraciones patrimoniales disponibles, lo que limita el análisis de su situación financiera.
Investigación por narcotráfico: vínculos con el Cártel de Sinaloa
Las autoridades estadounidenses sostienen que los acusados habrían desempeñado un papel clave en el apoyo al Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más relevantes en el tráfico internacional de drogas.
El expediente señala presunta colaboración con estructuras delictivas, particularmente con el grupo conocido como Los Chapitos.
Las diferencias entre ingresos, bienes declarados y ausencia de información en algunos perfiles reflejan retos persistentes en materia de fiscalización y control institucional.
La acusación contra estos diez sinaloenses evidencia no solo un caso de alto impacto en materia de seguridad y justicia internacional, sino también la diversidad económica y patrimonial de los implicados. Desde empresarios con amplios recursos hasta funcionarios sin registros públicos, el caso subraya la complejidad de las investigaciones sobre presuntos vínculos entre autoridades y el crimen organizado.
