La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó este 11 de mayo el informe “Desaparición de Personas en México”, en el que concluye que el país enfrenta una grave crisis de derechos humanos marcada por más de 128 mil personas desaparecidas y por la existencia de más de 70 mil cuerpos sin identificar bajo resguardo del Estado hasta junio de 2025, de acuerdo con cifras retomadas por el organismo regional.
Desde Washington, D.C., la CIDH sostuvo que, pese a avances institucionales registrados desde 2018, persisten profundas deficiencias en las políticas de prevención, búsqueda, investigación, identificación y reparación relacionadas con las desapariciones. El documento reconoce el papel de familias y colectivos de búsqueda que, ante la insuficiencia de las autoridades, han encabezado labores para localizar a personas desaparecidas y exigir verdad y justicia.
El organismo autónomo de la Organización de los Estados Americanos señaló que la mayor parte de las desapariciones son atribuidas al crimen organizado, aunque advirtió que las desapariciones forzadas cometidas por agentes estatales no han sido erradicadas. En el informe se documentan casos en los que existiría colusión entre integrantes de grupos criminales y autoridades de seguridad, procuración de justicia e incluso actores políticos.
La CIDH destacó que el fenómeno impacta de manera diferenciada a distintos sectores de la población. Entre ellos mencionó a niñas, niños y adolescentes afectados por reclutamiento criminal; mujeres y personas LGBTIQ+ víctimas de violencia basada en género; periodistas y personas defensoras de derechos humanos perseguidas por su labor; así como personas migrantes expuestas a riesgos extremos durante sus trayectos por territorio mexicano.
El informe coloca la prevención como uno de los principales retos del Estado mexicano. En ese contexto, el organismo valoró la estrategia de seguridad pública impulsada en 2025 por el gobierno federal, basada en una política de “atención a las causas”, aunque advirtió que los resultados todavía son insuficientes frente a la dimensión del problema.
La Comisión también enfatizó los altos niveles de impunidad que prevalecen en los casos de desaparición. De acuerdo con el documento, la judicialización de expedientes sigue siendo mínima y el número de sentencias condenatorias permanece muy por debajo de lo necesario. Aunque reconoció que en el último año se judicializaron cerca de una veintena de casos de desaparición y desaparición forzada, la CIDH consideró que esos avances son limitados frente a la magnitud nacional de la crisis.
Entre las principales fallas detectadas por el organismo destacan la sobrecarga procesal, las deficiencias en las investigaciones ministeriales y la ausencia de hipótesis sólidas de investigación. Asimismo, el informe identifica problemas en la clasificación adecuada de delitos, retrasos institucionales y un patrón en el que las familias terminan asumiendo tareas que corresponden a las autoridades. A ello se suma el miedo de víctimas y testigos a denunciar debido a riesgos de represalias.
En materia de búsqueda, la CIDH reconoció el impulso dado por colectivos y familiares para localizar a personas desaparecidas, al tiempo que alertó sobre las amenazas y agresiones que enfrentan las personas buscadoras en distintas regiones del país. El informe valoró la reactivación del Sistema Nacional de Búsqueda desde 2020, pero señaló que continúan los problemas de coordinación entre fiscalías, comisiones de búsqueda y otras instancias gubernamentales.
Respecto a la identificación forense, la Comisión sostuvo que los esfuerzos institucionales han tenido una efectividad limitada. El documento plantea la necesidad de fortalecer centros de identificación humana y adoptar un enfoque masivo que permita agilizar procesos forenses y reducir el rezago acumulado de cuerpos no identificados.
En el apartado de atención y reparación, la CIDH reconoció la creación de una dirección especializada en atención a colectivos y familiares dentro de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Sin embargo, organizaciones civiles manifestaron preocupación por la capacidad operativa de las comisiones locales y por los largos tiempos de espera para acceder a apoyos económicos y medidas urgentes de atención.
El informe también aborda las políticas de memoria y verdad relacionadas con desapariciones del pasado. La CIDH destacó la creación de la comisión para esclarecer hechos de la llamada “Guerra Sucia”, aunque señaló que uno de los principales obstáculos sigue siendo la falta de entrega de información por parte de instituciones militares, situación que, afirmó, ralentiza investigaciones y profundiza la revictimización de familiares.
Como parte de sus conclusiones, la Comisión emitió 40 recomendaciones dirigidas al Estado mexicano. Entre ellas figuran el fortalecimiento de las estrategias de búsqueda inmediata, la mejora de investigaciones y sanciones penales, la interoperabilidad de registros y bancos de datos, la entrega digna de restos humanos, el acceso efectivo a apoyos para familias buscadoras y el impulso de políticas de memoria, verdad y justicia. El organismo reiteró además su disposición para brindar asistencia técnica en la implementación de dichas medidas.
La CIDH recordó que es un órgano autónomo de la OEA encargado de promover y proteger los derechos humanos en la región, integrado por siete especialistas independientes elegidos por la Asamblea General del organismo continental.
