La indígena nahua Marcela de Jesús Natalia acudió ante la Corte Penal Internacional para denunciar presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos contra comunidades indígenas de la región de la Montaña Baja de Guerrero, donde, aseguró, persisten asesinatos, desapariciones forzadas y desplazamientos provocados por la violencia del grupo criminal conocido como Los Ardillos y por la supuesta complicidad de autoridades estatales y municipales.
La denuncia internacional fue presentada bajo el argumento de que las comunidades indígenas de Guerrero enfrentan desde hace años un patrón sistemático de violencia que ha derivado en el desplazamiento de familias enteras, la pérdida de territorios y el control criminal de caminos y localidades. Marcela de Jesús Natalia sostuvo que las víctimas pertenecen principalmente a pueblos originarios que han quedado atrapados entre la operación de grupos armados y la ausencia de protección institucional.
En el documento entregado ante la instancia internacional también se menciona a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, a quien la denunciante acusa de mantener una política de omisión frente a la violencia en la entidad y de presuntamente permitir acuerdos con organizaciones criminales que operan en la región. Hasta el momento, el gobierno estatal no ha emitido un posicionamiento oficial sobre el señalamiento presentado ante la Corte Penal Internacional.
La región de la Montaña Baja de Guerrero ha sido escenario recurrente de enfrentamientos armados, bloqueos carreteros y denuncias de desplazamiento forzado. Organizaciones civiles y colectivos comunitarios han documentado durante los últimos años el incremento de la violencia en municipios como Chilapa y José Joaquín de Herrera, zonas donde grupos delictivos mantienen disputas por el control territorial y de actividades ilícitas.
Los Ardillos han sido identificados por autoridades federales y organizaciones de derechos humanos como una de las estructuras criminales con mayor presencia en esa región de Guerrero. Diversos reportes han señalado su presunta participación en extorsiones, homicidios y control de comunidades rurales, particularmente en áreas indígenas donde las condiciones de marginación y aislamiento dificultan la intervención de fuerzas de seguridad y organismos de justicia.
La denuncia ante la Corte Penal Internacional busca que el tribunal internacional analice si los hechos denunciados pueden encuadrarse dentro de delitos considerados de lesa humanidad, categoría que incluye ataques sistemáticos contra población civil, desapariciones forzadas y persecución. La CPI tiene facultades para intervenir cuando un Estado no puede o no quiere investigar y sancionar crímenes de esa magnitud.
Marcela de Jesús Natalia afirmó que las comunidades afectadas han agotado las instancias nacionales sin obtener resultados efectivos y acusó que existe miedo entre los habitantes de la región debido a amenazas y agresiones constantes. Según su exposición, muchas familias indígenas han abandonado sus hogares ante el riesgo de ser víctimas de ataques armados o desapariciones.
En Guerrero, organismos defensores de derechos humanos han advertido en distintas ocasiones sobre la crisis de desplazamiento interno derivada de la violencia criminal. Comunidades enteras han denunciado la falta de garantías para regresar a sus lugares de origen y la insuficiencia de medidas de protección por parte de autoridades estatales y federales.
La presentación del caso ante la Corte Penal Internacional ocurre en medio de un contexto de creciente presión sobre las autoridades mexicanas por la situación de seguridad en diversas regiones del país, particularmente en estados donde organizaciones criminales mantienen control territorial y donde comunidades indígenas han denunciado abandono institucional y violaciones sistemáticas a sus derechos fundamentales.
