La exalcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, confirmó que el gobierno de Estados Unidos le revocó su visa de ingreso y aseguró que, si su situación migratoria no se resuelve, no asumiría la gubernatura de Baja California en caso de obtener el triunfo en una futura elección.
La también coordinadora de afiliación del Partido del Trabajo (PT) explicó que la cancelación de su documento migratorio forma parte de un procedimiento relacionado con la gestión de su residencia permanente en Estados Unidos, conocida como green card, y rechazó que la medida tenga relación con alguna investigación o procedimiento legal en su contra.
Caballero sostuvo que la revocación de la visa corresponde a un trámite administrativo derivado de su proceso migratorio y afirmó que ha mantenido la atención sobre ese procedimiento conforme a las disposiciones de las autoridades estadounidenses. En ese contexto, insistió en que no enfrenta investigaciones por parte de autoridades de México o de Estados Unidos y descartó que la decisión obedezca a motivos de carácter judicial o político.
Durante sus declaraciones, la exalcaldesa fue cuestionada sobre un eventual escenario electoral en Baja California y respondió que, de persistir la imposibilidad de ingresar a territorio estadounidense por la falta de una visa vigente, optaría por no asumir el cargo de gobernadora, aun cuando resultara vencedora en las urnas.
Explicó que una entidad fronteriza como Baja California mantiene una relación permanente con California y con diversas instituciones estadounidenses, por lo que consideró indispensable que quien encabece el gobierno estatal tenga plena capacidad para desarrollar actividades oficiales, reuniones binacionales y gestiones de cooperación a ambos lados de la frontera.
Caballero agregó que, en caso de presentarse ese escenario, dejaría la responsabilidad política y de gobierno en manos de las fuerzas del Partido del Trabajo, instituto político en el que actualmente se desempeña como coordinadora de afiliación y desde el cual ha continuado su actividad pública tras concluir su administración al frente del Ayuntamiento de Tijuana.
Las declaraciones ocurren en un contexto en el que diversos actores políticos mexicanos han informado sobre restricciones o revocaciones de visas estadounidenses. Sin embargo, en el caso de Montserrat Caballero, la propia exfuncionaria atribuyó la medida exclusivamente a un procedimiento migratorio relacionado con la obtención de la residencia permanente y negó cualquier vínculo con investigaciones penales, administrativas o de otra naturaleza.
Hasta el momento, el gobierno de Estados Unidos no ha emitido información pública sobre el caso específico de la exalcaldesa. De manera general, las autoridades estadounidenses mantienen bajo reserva las razones individuales para otorgar, negar o revocar visas, conforme a su legislación migratoria y a las políticas de confidencialidad aplicables.
Con esta postura, Montserrat Caballero fijó una posición sobre las implicaciones políticas que tendría una eventual falta de resolución de su estatus migratorio, al señalar que privilegiaría que otra figura de su partido asumiera la responsabilidad de gobernar Baja California antes que ejercer el cargo sin la posibilidad de mantener una interlocución plena con las autoridades del vecino país.
