El Gobierno de México abrió este 27 de julio la consulta pública para discutir los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, una propuesta derivada de la reciente legislación en materia de telecomunicaciones que busca establecer las reglas para hacer efectivos los derechos de radioescuchas y televidentes. Sin embargo, el proyecto ha generado un intenso debate público, pues mientras el Ejecutivo sostiene que su propósito es fortalecer la protección de las audiencias sin afectar la libertad de expresión, diversos analistas, académicos y representantes de la sociedad civil consideran que el nuevo esquema podría traducirse en un mecanismo de presión sobre los medios de comunicación.
La consulta pública, organizada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), permanecerá abierta del 27 de julio al 21 de agosto y permitirá la participación de ciudadanos, concesionarios, especialistas, universidades, organizaciones civiles y demás actores interesados, quienes podrán presentar observaciones y propuestas para modificar el documento antes de su eventual aprobación.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que el objetivo consiste en abrir el proyecto a la participación social con la finalidad de enriquecer los lineamientos antes de su entrada en vigor. La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la iniciativa y afirmó que el propósito del nuevo marco regulatorio es garantizar los derechos de las audiencias previstos en la legislación recientemente aprobada, descartando que represente una afectación a la libertad de expresión.
La mandataria sostuvo que el proyecto ya fue elaborado con la participación de especialistas y representantes de la industria de las telecomunicaciones, aunque reconoció que la consulta permitirá revisar aspectos adicionales. Incluso señaló que uno de los temas que aún forman parte del debate público es el alcance de la regulación respecto de las plataformas digitales, las cuales actualmente no están comprendidas dentro de estos lineamientos.
El proyecto establece las bases para hacer exigibles los derechos de las audiencias y busca precisar diversos conceptos contenidos en la ley con el argumento de evitar interpretaciones discrecionales. De aprobarse, las disposiciones serán obligatorias para concesionarios de televisión abierta, estaciones de radio, servicios de televisión y audio restringidos, así como para empresas programadoras que operen bajo concesiones de uso comercial, público y social.
Entre las obligaciones previstas destaca el reconocimiento del derecho de las audiencias a recibir información veraz y oportuna. En consecuencia, los concesionarios deberán abstenerse de difundir información falsa, contenidos descontextualizados o materiales históricos presentados como si correspondieran a hechos actuales. Asimismo, estarán obligados a diferenciar claramente la información noticiosa de las opiniones y a identificar de manera visible la publicidad para evitar que sea confundida con contenido editorial.
La propuesta también incorpora mecanismos relacionados con el derecho de réplica y contempla medidas de accesibilidad para personas con discapacidad auditiva, además de promover representaciones visuales incluyentes y respetuosas.
Otro de los ejes centrales del proyecto consiste en fortalecer la figura de las defensorías de las audiencias. Todos los concesionarios deberán contar con un Código de Ética que incorpore los derechos de las audiencias, describa el procedimiento para presentar quejas y establezca los criterios editoriales utilizados para respaldar la veracidad de la información difundida.
Además, los medios estarán obligados a designar una persona defensora de las audiencias, quien deberá actuar con imparcialidad, independencia, objetividad y transparencia para recibir, analizar y emitir recomendaciones respecto de las inconformidades presentadas por radioescuchas y televidentes.
En caso de que un concesionario decida no atender las recomendaciones formuladas por la defensoría correspondiente, el asunto podrá ser turnado a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, autoridad facultada para iniciar procedimientos administrativos y, en su caso, imponer las sanciones y multas previstas en la legislación vigente. El proyecto establece además que las quejas deberán resolverse en un plazo máximo de 20 días.
Precisamente este esquema sancionador ha concentrado buena parte de las críticas formuladas por diversos sectores, que consideran que la posibilidad de que la autoridad reguladora intervenga en controversias relacionadas con contenidos informativos podría generar incentivos para la autocensura.
Entre las voces críticas se encuentra la politóloga y académica Denisse Dresser, quien cuestionó públicamente la iniciativa a través de sus redes sociales. “Hay que llamar esto como lo que es: un intento de censura disfrazado de ‘protección de los derechos de las audiencias’. Ahora no solo quieren desacreditar la crítica. La 4T, José Antonio Peña Merino y Claudia Sheinbaum también buscan amordazar a la población. Sus intenciones autoritarias son cada vez más obvias”, escribió.
Las críticas se centran en que el nuevo mecanismo permitiría a cualquier persona presentar denuncias sobre contenidos difundidos por medios de comunicación, obligando a las empresas concesionarias a responder las recomendaciones emitidas por las defensorías de las audiencias. En caso de incumplimiento, la intervención de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones podría derivar en procedimientos sancionadores, lo que, según sus detractores, incrementaría la presión sobre las decisiones editoriales.
Quienes expresan reservas sobre la propuesta sostienen que, aunque el discurso oficial presenta los lineamientos como una herramienta para proteger los derechos de las audiencias, la posibilidad de imponer sanciones administrativas podría modificar el comportamiento de los medios ante la cobertura de asuntos de interés público, particularmente cuando involucren temas políticos o críticas a las autoridades.
Por su parte, el Gobierno federal insiste en que los lineamientos no buscan limitar la libertad de expresión ni establecer mecanismos de censura previa, sino desarrollar los derechos ya reconocidos en la legislación de telecomunicaciones y ofrecer procedimientos claros para que las audiencias puedan hacerlos valer. La consulta pública permanecerá abierta hasta el 21 de agosto, periodo durante el cual los distintos sectores podrán presentar observaciones que eventualmente podrían modificar el contenido definitivo del proyecto antes de su aprobación.
