En un fallo que ha generado amplio debate en redes sociales y medios nacionales, un juzgado de Tabasco determinó que Lucas, un husky siberiano de aproximadamente tres años, debe recibir una pensión alimenticia por parte de uno de sus antiguos dueños tras un proceso de divorcio. Según reportes de medios locales y nacionales, la resolución establece un monto mensual cercano a los 700 pesos para cubrir gastos de alimentación, cuidados veterinarios y mantenimiento del animal.
El caso se originó cuando, después de la separación de la pareja, una de las partes demandó el reconocimiento de los gastos compartidos relacionados con la mascota. La jueza o juez correspondiente consideró que, aunque los animales no tienen la misma categoría jurídica que los hijos, los gastos derivados de su cuidado pueden formar parte de las obligaciones económicas que se derivan de una relación de convivencia y de la ruptura de la misma. De esta manera, Lucas se convirtió en el primer perro en México del que se tiene registro público en recibir una pensión alimenticia formal.
El precedente no es completamente aislado a nivel internacional. En países como Argentina se han dictado resoluciones similares en las que se reconoce la obligación de contribuir a los gastos de mascotas tras una separación. En México, sin embargo, el tema todavía se encuentra en una zona gris jurídica. El Código Civil y las leyes de protección animal no contemplan de manera explícita las “pensiones” para mascotas, por lo que este tipo de fallos dependen de la interpretación de cada juez y de la argumentación presentada por las partes.
El caso de Lucas ha reabierto la discusión sobre el estatus legal de los animales de compañía. Cada vez más personas consideran a sus perros y gatos como miembros de la familia (“perrhijos” o “gathijos”), lo que genera conflictos cuando llega el momento de dividir no solo bienes materiales, sino también responsabilidades sobre los animales. Abogados especializados en derecho familiar señalan que, si bien no existe aún una figura legal específica de “pensión alimenticia animal”, los jueces pueden ordenar el pago de gastos extraordinarios o de mantenimiento cuando se demuestra que ambos miembros de la pareja asumían de manera conjunta el cuidado de la mascota.
La resolución también pone sobre la mesa la necesidad de actualizar la legislación. Organizaciones defensoras de los animales y algunos legisladores han aprovechado el caso para insistir en que México avance hacia un reconocimiento más claro de los derechos de las mascotas y de las obligaciones de quienes las tienen. Mientras tanto, el fallo de Tabasco se convierte en un referente que podría ser citado en futuros litigios similares en otras entidades del país.
Hasta el momento no se ha informado de recursos de apelación ni de detalles adicionales sobre la identidad de las personas involucradas, en respeto a su privacidad. Lo que sí quedó claro es que Lucas, el husky siberiano, pasó de ser simplemente una mascota a convertirse en el protagonista de un precedente judicial inédito en México.
