Paola Gárate Valenzuela decidió dar un nuevo paso en su trayectoria política rumbo a la elección de 2027: la diputada local priista confirmó su registro en la plataforma del Partido Acción Nacional (PAN) para participar en la definición de una eventual candidatura a la gubernatura de Sinaloa, pero dejó claro que no ha renunciado al Partido Revolucionario Institucional (PRI) ni pretende abandonar las convicciones que, asegura, han guiado su carrera pública.

La decisión adquiere un significado particular por la historia reciente de la legisladora. Gárate fue privada de la libertad un día antes de la elección de 2021, un proceso electoral que terminó con el triunfo de Rubén Rocha Moya en la gubernatura y que estuvo marcado por denuncias de violencia, amenazas y secuestros de operadores políticos. Cinco años después, la diputada volvió a ser víctima de un episodio intimidatorio: en junio de 2026 fue localizada una corona fúnebre frente a su domicilio en Culiacán, hecho que derivó en una denuncia y posteriormente en una resolución judicial para ordenar medidas de protección para ella y su familia.

En este contexto, Gárate confirmó el 17 de agosto que aceptó una invitación del PAN para registrarse en la plataforma que el partido abrió rumbo al proceso electoral de 2027. La propia legisladora explicó que su decisión no representa una ruptura con el PRI, sino que responde a su postura de construir una alianza amplia entre fuerzas políticas opositoras.

“Me invitaron y acepté. No renuncié al PRI ni abandoné mis convicciones”, afirmó Gárate, al sostener que su apuesta política está relacionada con la necesidad de encontrar coincidencias antes que profundizar las diferencias entre partidos. “Sinaloa necesita que pongamos por delante lo que nos une. Las aspiraciones personales pueden esperar. Rescatar a Sinaloa, no. La ciudadanía debe tener la última palabra”, expresó.

La precisión es relevante porque, formalmente, Gárate continúa siendo militante del PRI. El dirigente estatal priista, César Emiliano Gerardo Lugo, confirmó que no existe actualmente un procedimiento para expulsarla y reconoció que su registro ante el PAN no constituye, por sí mismo, una violación estatutaria que implique su salida del partido. Sin embargo, señaló que la dirigencia priista no fue informada previamente y que conoció la decisión a través de los medios de comunicación.

La dirigencia tricolor también ha advertido que todavía no existe una alianza formal entre el PRI y el PAN para la elección de 2027. El propio Lugo reconoció que ambas fuerzas mantienen conversaciones y que el PRI ha planteado construir un frente opositor con otras organizaciones, pero pidió respetar los tiempos y los acuerdos partidistas antes de definir candidaturas.

Gárate, sin embargo, sostiene que su decisión es congruente con una trayectoria política que ya ha tenido componentes de coalición. Recordó que en 2021 fue candidata del PAN dentro de la alianza opositora y que su apuesta ha sido la construcción de acuerdos entre distintas fuerzas para enfrentar al oficialismo en Sinaloa.

Por ahora, su registro no significa que el PAN haya definido formalmente a su candidata a la gubernatura. Se trata de su incorporación a la plataforma mediante la cual el partido perfila a quienes aspiran a participar en el proceso de definición rumbo a 2027. La candidatura tendrá que resolverse conforme avance el proceso interno y, eventualmente, las negociaciones que puedan establecerse entre las distintas fuerzas políticas.

Pero detrás de la decisión existe también una historia personal marcada por la violencia política que Gárate ha denunciado desde hace años.

El 5 de junio de 2021, un día antes de la jornada electoral para elegir gobernador, alcaldes y diputados en Sinaloa, Gárate fue privada de la libertad durante varias horas. De acuerdo con su propio testimonio, permaneció amarrada, encapuchada y bajo amenazas, en un episodio que describió como uno de los momentos más difíciles de su vida. Su caso formó parte de una serie de agresiones contra operadores y militantes políticos registradas en los días previos a aquella elección.

Aquella jornada dejó además denuncias de robo de urnas, amenazas, presencia de hombres armados y privaciones de la libertad. De acuerdo con la reconstrucción publicada por Animal Político, en Sinaloa se documentaron nueve víctimas asociadas a siete hechos de violencia político-criminal durante 2021, entre ellas personas secuestradas y asesinadas. La elección fue ganada oficialmente por Rubén Rocha Moya, entonces candidato de Morena y el Partido Sinaloense, con 624 mil 225 votos, equivalentes a 56.60 por ciento de la votación, frente a los 358 mil 313 votos de Mario Zamora Gastélum, candidato de la alianza PAN-PRI-PRD.

El PRI impugnó entonces la elección y solicitó su nulidad argumentando que la violencia había afectado las condiciones de libertad y certeza del voto. El recurso incluyó denuncias sobre personas privadas de la libertad, amenazas, ataques, robo de urnas y otros incidentes ocurridos antes y durante la jornada electoral. La impugnación, sin embargo, no modificó el resultado oficial.

Cinco años después, la propia Gárate ha vuelto a colocar en el debate público lo ocurrido en aquella elección y ha descrito a quienes sobrevivieron a esos hechos como víctimas de una contienda en la que, según su testimonio, la violencia condicionó la participación política. En mayo pasado, la legisladora habló públicamente de aquellos acontecimientos y afirmó que fue una experiencia que cambió para siempre su manera de entender la política.

La amenaza más reciente ocurrió el 10 de junio de 2026, cuando una corona fúnebre con una referencia a la familia Gárate Valenzuela fue dejada frente a su domicilio en Culiacán. La legisladora informó a las autoridades y se desplegó un operativo de seguridad en el lugar. La Fiscalía General del Estado realizó diligencias para investigar el hecho.

Posteriormente, un juez federal ordenó a diversas autoridades implementar medidas de protección para Gárate y sus familiares, entre ellas auxilio inmediato en caso de ser necesario y rondines en su domicilio. La resolución involucró a instituciones federales de seguridad y protección.

Así, su decisión de participar en la plataforma del PAN ocurre en un escenario político particularmente complejo para Sinaloa, donde la violencia y la disputa por el control territorial han condicionado buena parte de la conversación pública y donde la elección de 2027 comienza a perfilarse como un nuevo capítulo de confrontación política.

Gárate ha insistido en que el propósito debe ser más amplio que una aspiración individual. Su argumento es que la oposición necesita encontrar puntos de coincidencia y construir una alternativa electoral capaz de responder a los problemas que, a su juicio, enfrenta la entidad.

“No renuncié al PRI ni abandoné mis convicciones”, reiteró, al marcar distancia de las versiones que interpretaban su registro ante el PAN como un cambio de partido.

Su mensaje también deja abierta una discusión que apenas comienza: si las fuerzas opositoras podrán construir una candidatura común antes de que la competencia interna termine fragmentándolas. El PRI busca preservar su espacio, el PAN abrió su plataforma a perfiles externos y Gárate decidió participar desde una posición singular: buscar la candidatura panista sin abandonar, al menos por ahora, su militancia priista.

La última palabra, sostiene la legisladora, no debería quedar exclusivamente en manos de las dirigencias partidistas. En una entidad donde ella misma ha vivido en carne propia las consecuencias de la violencia política, Gárate coloca a la ciudadanía como el actor que deberá definir el rumbo.

Y mientras Sinaloa se encamina hacia la elección de 2027, su registro ante el PAN abre una interrogante que irá cobrando fuerza conforme avancen las negociaciones: ¿podrá la oposición construir una candidatura común sin romper las estructuras partidistas que todavía la sostienen?