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Alza de doble dígito al salario mínimo en 2027 afectará a MiPyMEs, advierte Coparmex

El organismo patronal propone limitar el incremento a la inflación más dos puntos porcentuales para evitar cierres y mayor informalidad.
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La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que un aumento de doble dígito al salario mínimo para 2027 pondría en riesgo la viabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) y podría incrementar la informalidad laboral. El presidente nacional del organismo, Juan José Sierra Álvarez, planteó que es necesario cambiar el ritmo de los incrementos, aunque no el rumbo de la recuperación salarial, ante un entorno de menor crecimiento económico y la entrada en vigor de la reducción de la jornada laboral.

Sierra Álvarez explicó que, desde 2019, el salario mínimo ha registrado aumentos anuales de doble dígito. Para 2026 el incremento fue de 13 por ciento, llevando el salario mínimo general a 315.04 pesos diarios. Sin embargo, el dirigente consideró que sostener ese ritmo en 2027, combinado con los costos adicionales de la reforma laboral, generaría distorsiones en el mercado formal de trabajo. “Aumentos de doble dígito, aumentos por decreto como venían sucediendo, corremos el riesgo de que más empresas se vayan a la informalidad y que muchas de estas MiPyMEs puedan cerrar sus puertas”, señaló.

La propuesta de Coparmex consiste en ajustar el salario mínimo conforme a la inflación más dos puntos porcentuales. Con una inflación que en meses recientes se ha ubicado alrededor del 3.6 por ciento, el incremento se situaría en torno al 5 o 6 por ciento. El organismo argumenta que esta fórmula permitiría mantener una mejora real del ingreso de los trabajadores sin imponer presiones excesivas sobre las empresas, especialmente las de menor tamaño. Entre el 90 y el 95 por ciento de las empresas afiliadas a Coparmex son MiPyMEs, unidades que operan con márgenes reducidos y tienen menor capacidad para absorber de manera simultánea mayores costos salariales y los efectos de la reducción de la jornada.

A partir de enero de 2027 comenzará la implementación gradual de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, proceso que se extenderá hasta 2030. Esta medida, aunque no contempla reducción de salarios, eleva el costo por hora trabajada y obliga a muchas empresas a contratar personal adicional o pagar horas extras para mantener su producción. Sierra Álvarez subrayó que la combinación de un alza salarial de doble dígito con estos nuevos costos operativos podría derivar en cierres de negocios y pérdida de empleos formales.

La negociación del salario mínimo 2027 se desarrolla en el seno de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), organismo tripartito integrado por representantes del gobierno, los trabajadores y los empleadores. Las discusiones formales avanzan en noviembre y la resolución definitiva se espera para diciembre, con entrada en vigor el 1 de enero de 2027. Mientras sindicatos como la Confederación de Trabajadores de México (CTM) han planteado incrementos de entre 5 y 12 por ciento para proteger el poder adquisitivo, el sector empresarial, incluyendo a Coparmex y al Consejo Coordinador Empresarial, insiste en moderar el ajuste.

Coparmex ha insistido en que no se opone a la mejora de las condiciones de los trabajadores. El organismo acompañó durante años la política de recuperación salarial que permitió que el mínimo superara la línea de bienestar familiar. Sin embargo, considera que en el contexto actual de estancamiento económico es necesario un cambio de ritmo para preservar el empleo formal y la viabilidad de las empresas que generan la mayor parte de los puestos de trabajo en el país.

La discusión ocurre en un momento en que el gobierno federal mantiene como meta que el salario mínimo alcance a cubrir 2.5 canastas básicas hacia 2030. Actualmente se acerca a dos canastas. El resultado de la negociación en Conasami definirá no solo el monto del mínimo para 2027, sino también el equilibrio entre la recuperación del ingreso de los trabajadores y la capacidad de absorción de costos por parte del tejido empresarial, especialmente el de las MiPyMEs.

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