El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó la mayoría calificada de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, asegurando así su capacidad para realizar reformas constitucionales sin la necesidad de negociar con la oposición.
Esta decisión confirmó la distribución de escaños realizada por el Instituto Nacional Electoral (INE) para la coalición encabezada por Morena, que ahora cuenta con el 73% de los diputados, superando los dos tercios necesarios para modificar la Constitución.
La Cámara de Diputados quedó conformada con 236 diputados de Morena, 77 del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y 51 del Partido del Trabajo (PT), sumando un total de 364 legisladores en el bloque oficialista. Esta cifra supera los 334 votos requeridos para la mayoría calificada.
Por su parte, la oposición quedó con 127 diputados: 72 del Partido Acción Nacional (PAN), 35 del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 27 de Movimiento Ciudadano (MC) y uno del Partido de la Revolución Democrática (PRD), además de un diputado independiente.
En el Senado, Morena cuenta con 60 escaños, el PVEM con 14, y el PT con 9, totalizando 83 senadores en el bloque oficialista. Además, con la reciente adhesión de los dos únicos senadores del PRD acercar aún más al gobierno a los 86 votos necesarios para aprobar reformas constitucionales.
El proyecto, elaborado por el magistrado Felipe de la Mata, fue respaldado por la mayoría de los magistrados, quienes desestimaron las impugnaciones presentadas por los partidos opositores como el PAN, PRI y MC. Estos argumentaban que la sobrerrepresentación de Morena y sus aliados violaba la Constitución al permitir que una sola fuerza política concentrara el poder necesario para aprobar reformas sin contrapesos.
Sin embargo, el TEPJF concluyó que la distribución de los escaños fue legal y conforme a las normas vigentes, reafirmando que la fórmula utilizada para la asignación de plurinominales no debe ser alterada post facto.
Mónica Soto, magistrada presidenta del TEPJF, defendió la decisión, enfatizando que las reglas del juego electoral no pueden cambiarse después de conocidos los resultados. Soto también denunció presiones y amenazas recibidas durante el proceso, pero subrayó que la resolución se mantuvo dentro del marco legal, respetando las normas que han regido las elecciones anteriores.
La única voz disidente en la decisión fue la de la magistrada Janine Otálora, quien expresó su preocupación por la erosión de los controles institucionales y el posible debilitamiento de la estructura constitucional debido a la sobrerrepresentación. Sin embargo, su postura no fue respaldada por el resto del tribunal.
La confirmación de la mayoría calificada de Morena en ambas cámaras del Congreso fortaleció la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador para impulsar una serie de reformas, entre ellas, una polémica reforma judicial que plantea la elección de jueces y magistrados por voto popular. Con este fallo, la oposición se encuentra en una posición debilitada, sin los números necesarios para bloquear o impugnar eficazmente las reformas propuestas.
En el contexto de esta resolución, también se abordaron otras impugnaciones de menor relevancia, incluyendo aquellas relacionadas con la elegibilidad de algunos legisladores, como Ricardo Anaya y Javier Corral, quienes mantuvieron su estatus legal para ocupar sus cargos.
