La batalla legal entre el gobierno de México y los principales fabricantes de armas en Estados Unidos alcanzó su punto más alto.
La Suprema Corte de Estados Unidos aceptó revisar una petición de las empresas Smith & Wesson, Barrett Firearms, Beretta U.S.A. Corp, Colt’s Manufacturing Company, Glock Inc. y Witmer Public Safety Group, quienes buscan desestimar la demanda presentada por México en 2021. El gobierno mexicano acusa a estas compañías de ser corresponsables del tráfico ilegal de armas hacia cárteles en territorio mexicano.
La contrademanda, presentada por las firmas ante el máximo tribunal estadounidense, argumenta que la demanda del gobierno mexicano constituye una intromisión en la soberanía de Estados Unidos, así como un intento de imponer restricciones que los votantes de ese país rechazaron. Los representantes legales de las compañías aseguraron que se trata de una “intimidación” que podría generar “descubrimientos costosos e intrusivos” para la industria armamentista.
México, por su parte, responsabiliza a las fabricantes de facilitar el tráfico ilícito de armas que termina en manos de grupos criminales. En su demanda original, el gobierno exige una indemnización de 10 mil millones de dólares por los daños causados, además de medidas cautelares que frenen el flujo de armamento a su país.
El argumento central de México es que la proliferación de armas desde Estados Unidos no es accidental, sino resultado de una política deliberada de las empresas para aumentar su demanda entre criminales.
Esta disputa ha atravesado diferentes instancias judiciales. En 2022, el juez del Tribunal Federal de Distrito en Boston, F. Dennis Saylor, desestimó la demanda inicial al considerar que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) protegía a los fabricantes de responsabilidad. Sin embargo, la Corte de Apelaciones del Primer Circuito revirtió parcialmente la decisión al interpretar una excepción en la ley que permitió que el caso continuara.
La aceptación del caso por parte de la Suprema Corte ocurre en un contexto electoral clave para Estados Unidos, y podría tener implicaciones profundas en la regulación de armas en ese país. Los fabricantes advirtieron que un fallo en su contra podría llevar a la imposición de nuevas medidas de control, como la prohibición de ciertas armas y un sistema universal de verificación de antecedentes.
México, en tanto, defendió la legitimidad de su demanda y resaltó el impacto devastador del tráfico de armas en su territorio.
Los magistrados del máximo tribunal estadounidense comenzarán a revisar el caso en el próximo periodo de sesiones. La decisión final del tribunal será definitiva y podría marcar el futuro de la industria armamentista en Estados Unidos, así como las relaciones bilaterales en materia de seguridad entre ambos países.
