En un comunicado titulado “¡Nos quieren silenciar!”, el conglomerado empresarial Grupo Salinas arremetió contra el Gobierno de México tras las recientes declaraciones de la Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano, quien en una conferencia pública presentó presuntos adeudos fiscales del grupo empresarial.
La respuesta, difundida también a través de la cuenta oficial de redes sociales de Grupo Salinas, acusó que las acciones del gobierno federal forman parte de un “acoso sistemático” con el objetivo de callar voces críticas. El documento señala directamente a la Procuradora Fiscal y al presidente Andrés Manuel López Obrador —así como a su exvocero, Jesús Ramírez Cuevas— de orquestar una campaña de “extorsión fiscal” que viola el debido proceso y el Estado de derecho.
Recordemos que esto se da en el contexto de un largo litigio donde el gobierno, a través del SAT, busca que la empresa de Ricardo Salinas pague la cantidad de 2 mil millones de pesos de impuestos por la venta de una empresa llamada Beta, en 2012.
Siguiendo las instrucciones de sus jefes @lopezobrador_ y @JesusRCuevas, la Procuradora Fiscal @GriselGaleanoMx llevó nuevamente la extorsión fiscal a la más alta tribuna, sin importarle el respeto al debido proceso y el Estado de Derecho, con el único objetivo de presionar a la… pic.twitter.com/NmFqcjM7sa
— Grupo Salinas (@gruposalinas) June 27, 2025
“La procuradora fiscal exhibe que la ley no les importa; que el debido proceso, la presunción de inocencia y la imparcialidad son letra muerta”, señala el comunicado.
Grupo Salinas sostiene que los adeudos presentados públicamente por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) son resultado de “cobros dobles, abusivos e ilegales”, y argumenta que las autoridades fiscales buscan tapar los déficits presupuestarios generados por lo que califica como “obras faraónicas” del sexenio pasado: el AIFA, Dos Bocas y el Tren Maya. Según su recuento, estas obras costaron en conjunto casi 990 mil millones de pesos.
El grupo denuncia además que el gobierno pretende “amedrentar y silenciar” a empresas independientes y señala que el verdadero objetivo es presionar al Poder Judicial para obtener resoluciones favorables. Afirma que la justicia ha sido capturada y transformada en un “mecanismo de control y presión política”.

“No lograrán doblegarnos; como siempre lo hemos sostenido: seguiremos defendiéndonos de los abusos que pretenden imponernos”, concluye el boletín.
El enfrentamiento se da en una situación donde diversas personalidades, como la senadora Alejandra Barrales del partido Movimiento Ciudadano, quienes han expresado su preocupación por la utilización de datos confidenciales y su exhibición pública para intimidar adversarios del gobierno morenista.