“La resolución del Tribunal en Materia Administrativa es ilegal y expone un sistema de justicia sometido a una agenda e intereses políticos”, publicó Grupo Salinas luego de que el tribunal colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito dictaminó que Grupo Elektra, parte del conglomerado de Ricardo Salinas Pliego, deberá cubrir una sanción de 2,000 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El caso inició con la compra y venta de una empresa llamada Beta, adquirida por el Grupo Elektra en 2009 y vendida en 2012, tras lo cual se argumentó por parte del Estado que no podía deducirse la venta. Eso originó una serie de litigios por el pago de impuestos que se ha alargado por años. El monto fue originalmente calculado por el SAT en mil 603 millones de pesos, pero durante el tiempo que ha durado el proceso, la cifra se incrementó debido a actualizaciones y recargos, alcanzando los 2 mil millones
La empresa, en su cuenta de X, expone que “Los magistrados actuaron con sesgo y consigna política, no con razonamiento jurídico, validando así abusos del @SATMX y vulnerando derechos de los contribuyentes”.
Y en un comunicado, el Grupo Salinas argumenta que la resolución es ilegal, pues “pues omiten intencional y dolosamente lo dispuesto en la Ley del ISR vigente en 2012”; viola el debido proceso pues niega el amparo “en lugar de remitir el asunto a un tribunal distinto ante la existencia de impedimentos procesales” y que legitima abusos y permite “cobros abusivos y arbitrarios”.
Desde inicios de 2025, la empresa ha interpuesto 8 medios de impugnación, incluyendo 15 impedimentos, 19 recursos de reclamación y cuatro conflictos de competencia. Y en su página web acusan:
La información sobre estos asuntos fiscales fue previamente divulgada de manera ilegal por funcionarios públicos del gobierno federal.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) se han dedicado a extorsionarnos –al igual que a muchos otros empresarios– mediante cobros dobles y excesivos.
Con mentiras y calumnias, el gobierno pretende usar nuestros asuntos fiscales como distractor de los problemas verdaderamente relevantes en el país: la corrupción, la inseguridad, el ecocidio, entre muchos otros.
Sin embargo, anunciaron que acudirán al máximo tribunal del país para solicitar su revisión constitucional, no sin antes sentenciar:
Esta decisión muestra una de las consecuencias más graves de la farsa electoral judicial: resoluciones guiadas por intereses y presiones políticas.
