En una decisión que ha generado un fuerte debate sobre la libertad de expresión en el estado, la jueza de control interina del Sistema Penal Oral y Acusatorio, Ana Maribel de Atocha Huitz May, impuso hoy nuevas medidas cautelares contra el histórico periódico Tribuna y el periodista Jorge Luis González Valdez.
Según la resolución, ambos deberán operar bajo intervención judicial: el Tribunal Superior del Estado nombrará interventores que supervisarán y aprobarán los contenidos relacionados con la gobernadora Layda Sansores San Román antes de ser publicados. Además, se prohíbe estrictamente cualquier mención, imagen u opinión sobre la mandataria.
Aunque se revocaron medidas anteriores —como la restricción de dos años para ejercer el periodismo impuesta a González Valdez y el cierre temporal de la página digital de Tribuna— la jueza estableció disposiciones más severas. Las nuevas implican censura previa, supervisión de intervenciones públicas (como su programa «Expediente»), y la presencia obligatoria de un censor oficial durante declaraciones públicas o conferencias de prensa.
González Valdez, de 71 años y exdirector de Tribuna, calificó las medidas como “excesivas, aberrantes y violatorias” de sus garantías individuales, insistiendo en que sientan un precedente de censura en México.
La magistrada defendió el fallo argumentando que no se vulnera la libertad de expresión, sino que se busca “salvaguardar la dignidad de la víctima” —en referencia a Sansores San Román—, reiterando que el objetivo es evitar ataques personales.
Estas medidas surgen en un contexto donde, desde junio, Sansores San Román había logrado el cierre de Tribuna y vínculos a proceso por presunto “delito de incitación al odio, violencia, difamación y calumnias”. La demandante indicó que el medio y el periodista se dirigieron a ella con expresiones que consideró injuriosas, atacando su dignidad.
El caso ha provocado la preocupación de periodistas y organismos de derechos humanos, que advierten sobre el riesgo de que se establezca una “licencia para censurar” a críticos del gobierno .
Especialistas en libertad de prensa han señalado que el uso de medidas como estas puede configurarse como una “ley mordaza” que cuesta millones a los medios, como ocurrió con el cierre de Tribuna por supuestas ofensas personales .
Sansores San Román, la gobernadora morenista desde septiembre de 2021 y primera mujer en ocupar el cargo en Campeche, ha defendido que estas acciones no constituyen censura, sino respuestas legales —por ejemplo, por violencia política de género— a ataques contra su persona .
En tanto, este caso sigue bajo la lupa de la opinión pública, que lo percibe como un ejemplo que podría marcar precedentes judiciales frente a la prensa crítica en México.
