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México bajo amenaza: una agresión cada 14 horas a periodistas

También ARTICLE 19 documentó 639 agresiones contra periodistas, lo que representa un incremento del 13.9% respecto al año anterior
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La libertad de expresión y el derecho a la información pública enfrentan una de sus etapas más críticas en México, según revela el más reciente informe de ARTICLE 19 titulado “Barreras Informativas: Desafíos para la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información”. El reporte documenta no solo un preocupante aumento en la violencia contra la prensa, sino también un debilitamiento institucional sin precedentes que amenaza el ejercicio del periodismo y la rendición de cuentas en el país.

Una agresión cada 14 horas
Durante 2024, ARTICLE 19 documentó 639 agresiones contra periodistas, lo que representa un incremento del 13.9% respecto al año anterior. La cifra es alarmante: en promedio, una agresión cada 14 horas. Cinco periodistas fueron asesinados, entre ellos Mauricio Cruz Solís, el primer caso fatal registrado durante el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum.

El acoso judicial también se ha consolidado como una herramienta de censura: 21 procesos penales contra periodistas fueron iniciados en el año, con un preocupante 28.57% relacionados con violencia política de género durante el proceso electoral. Además, uno de cada cinco ataques se perpetró en línea, lo que confirma la creciente hostilidad digital contra comunicadores.

El Estado, principal agresor
La organización subraya que el Estado mexicano fue el principal agresor, con 287 ataques documentados (44.91% del total). Las conferencias matutinas del Ejecutivo federal, aunque han reducido su incidencia, continúan siendo focos de estigmatización, especialmente a través de segmentos como “El detector de mentiras”.

Los estados más peligrosos para ejercer el periodismo fueron Ciudad de México (170 casos), seguida por Guerrero, Veracruz, Puebla y Guanajuato.

Opacidad institucional: la desaparición del INAI
Uno de los golpes más duros a la transparencia fue la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). ARTICLE 19 denuncia que la reforma fue aprobada sin diálogo ni criterios técnicos claros, bajo pretextos de corrupción y austeridad, a pesar de que el organismo representaba solo el 0.01% del gasto público.

Con más de 14,000 millones de archivos alojados en la Plataforma Nacional de Transparencia, la incertidumbre sobre quién gestionará ahora esta información abre la puerta a una era de opacidad y discrecionalidad.

Vigilancia sin control: el poder detrás del discurso digital
Bajo el discurso de la digitalización, el informe también alerta sobre un sistema de vigilancia creciente, con tecnologías invasivas adquiridas sin licitación por instituciones como el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Fiscalía General de la República (FGR). Se cuestiona además la legalidad de recientes reformas que crean bases de datos de usuarios de telefonía móvil, lo que pone en entredicho la privacidad de millones.

Memoria selectiva y justicia ausente
ARTICLE 19 acusa una transición al olvido en la política de memoria y justicia. Aunque Sheinbaum ofreció una disculpa por la masacre del 2 de octubre de 1968, el informe denuncia que no hay reconocimiento de la continuidad de prácticas como desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Hoy en México hay más de 124,000 personas desaparecidas y 72,000 cuerpos sin identificar.

Casos como el de Ayotzinapa y Teuchitlán son ejemplos de censura de archivos clave y desdén a las víctimas, que socavan la confianza en las instituciones de justicia.



Justicia sin recursos
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) solo atrajo 84 casos en todo 2024, dejando cientos de agresiones en manos de fiscalías locales, muchas veces capturadas por intereses políticos o criminales. Su presupuesto anual fue de apenas 18.6 millones de pesos, menos del 0.1% del total asignado a la FGR. Addmás, ARTICLE 19 hizo un llamado a consolidar una política de protección a periodistas que se enfoque en la prevención, la justicia y la reparación para acabar con la impunidad, en un contexto donde el 84.77% de los casos de violencia presentados ante la FEADLE continúan en la impunidad

En un país donde el gasto total en derechos humanos y acceso a la justicia es menor al 1.5% del presupuesto federal, el Ejército continúa recibiendo recursos crecientes, consolidando una militarización que preocupa a organizaciones defensoras.

Llamado urgente
El informe concluye con un llamado al nuevo gobierno: establecer una política nacional de protección a periodistas centrada en la prevención, justicia y reparación. De lo contrario, México corre el riesgo de normalizar la tragedia, institucionalizar la censura y debilitar aún más los pilares democráticos.

Para más información, se puede consultar el informe completo en: https://articulo19.org/barrerasinformativas/

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